Diversas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil mexicana están denunciando la persecución judicial de la que ha sido víctima el periodista, investigador y académico Sergio Aguayo Quezada, demandado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés por supuesto daño moral contra su persona.
Sergio Aguayo Quezada fue condenado en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre de 2019, después de que, por unanimidad de votos, los magistrados, Francisco José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, decidieron dejar sin efectos la sentencia absolutoria de primera instancia y dictar una nueva en la que condenaron al periodista, aal considerar que su columna de opinión de fecha 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral del exgobernador Moreira Valdés.
A juicio de los magistrados, existió un abuso de la libertad de expresión, por lo que condenaron al periodista al pago de diez millones de pesos (425.447 euros al cambio actual) en concepto de «daños punitivos».
Según Reporteros sin Fronteras, RSF, los juzgadores de segunda instancia hicieron una valoración inadecuada del contenido de la columna referida, al no analizarla en su conjunto, y optar por descontextualizar la columna de opinión y valorar solo algunas expresiones específicas, que en su consideración caen en el abuso a la libertad de expresión, y desestimando el hecho de que la columna contenía información de interés público y que la crítica recayó en una persona con proyección pública.
Para llegar a la sentencia, los magistrados aplicaron los dos regímenes normativos que existen para regular la responsabilidad civil en la Ciudad de México, es decir, tanto el Código Civil para el Distrito Federal (artículo 1916), como la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, desatendiendo criterio de Selección de la norma de derecho fundamental aplicable, desarrollado por la Primera Sala de la SCJN, que establece que tratándose de responsabilidad civil por daño moral como consecuencia de un supuesto abuso de la libertad de expresión e información, el marco normativo aplicable es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen, violentando también con ello el artículo 1 constitucional y el principio Pro persona.
Es necesario destacar que el Código Civil para el Distrito Federal, no establece un tope pecuniario para la indemnización, incluso permite la condena por «daños punitivos». La teoría de daños punitivos es empleada para imponer un «castigo ejemplar o vengativo» al supuesto infractor de la ley, a efecto de que no exista repetición de la conducta. Esto se traduce en una sentencia violatoria de la libertad de expresión, que genera efectos inhibidores e intimidantes, autocensura y transgrede los principios democráticos.
Una práctica habitual
Resulta preocupante que cada vez se hace un mayor uso indebido de la figura de daño moral por funcionarios públicos y personas con proyección pública. En la actualidad, los casos donde servidores públicos y/o actores políticos emplean los mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de agresión a periodistas, van en aumento.
Solo por citar algunos ejemplos de lo anterior, existe el caso de Roxana Romero, reportera del periódico Vanguardia, quien también fue demandada por daño moral en 2016 por Humberto Moreira. El medio El Mañana de Nuevo Laredo, demandado por 60 millones de pesos (hoy serían más de dos millones y medio de euros); el Periódico A.M. de Guanajuato, demandado por 300 millones de pesos (hoy 12.763.439 euros) y el del periodista Humberto Padgett León, al que le reclamaron diez millones de pesos, como Sergio Aguayo. Todos fueroncdemandados por funcionarios o ex funcionarios públicos y por la acción de daño moral.
En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, como es México, resulta severamente alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho en la democracia mexicana, emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en el país, aseguran desde RSF.
Por ello, junto a un considerable número de organizaciones de derechos humanos, han solicitado a la actual ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Juicio de Amparo Directo presentado por Sergio Aguayo sea resuelto de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión desarrollados tanto por esta Corte, así como, por el Sistema Interamericano.
Humberto Moreira, incombustible
Moreira fue detenido en el aeropuerto de Barajas en 2016 por delitos de blanqueo y malversación de dinero público (dejó una deuda de unos 35 mil millones de pesos, que hoy serían casi 1500 millones de euros), lavado de dinero y por presuntos vínculos con la delincuencia organizada cometidos durante su etapa de gobernador. Sin embargo, en 2020, la Audiencia Nacional de España dejó sin efecto el juicio.
En 2017, el partido del que fue presidente, el PRI (el mismo de Peña Nieto), y en el que militó siempre, lo expulsó.
En 2019, fue requerida su extradición por Estados Unidos, aunque también se libró.
En marzo de 2020 sufrió un infarto del que pudo recuperarse gracias a una intervención quirúrgica que le realizaron en la Ciudad de México, donde vive.
Este hombre parece que puede con todo y con todos. Ojalá no sea así en el caso de Sergio Aguayo .
