Con una jugada efectista, que pareció el preámbulo de una sublevación militar en gran escala, la oposición en Venezuela retomó el 30 de abril y 1 de mayo la ofensiva para tratar de desalojar del poder al presidente izquierdista Nicolás Maduro, escribe Humberto Márquez[1] (IPS) desde Caracas.
El resultado inmediato ha sido una aceleración de la lucha política, con nuevas manifestaciones callejeras, anuncio de una escalada de huelgas, represión selectiva de las protestas y nuevos esfuerzos de Estados Unidos y de otra docena de gobiernos del hemisferio (Grupo de Lima) para que Maduro ceda el paso a un gobierno provisional que organice nuevas elecciones.
«Yo no voy a renunciar ni me voy a ir del país», advirtió Maduro en un mitin con miles de partidarios a las puertas del palacio de gobierno en Caracas el miércoles 1 de mayo, y los altos mandos militares le reiteraron lealtad en una parada con más de 4000 efectivos este jueves 2 de mayo de 2019.
Al amanecer del martes 30 de abril, a las puertas de la base aérea enclavada en la capital, el joven líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de cincuenta gobiernos, rodeado de soldados de la Guardia Nacional que exhibían sus fusiles, llamó al pueblo a la calle y a los efectivos de todas las fuerzas militares a que se sumasen a la «Operación Libertad» que aseguró que estaba en marcha.
A su lado estaba Leopoldo López, el más prominente de los 775 presos políticos que hay en Venezuela según el no gubernamental Foro Penal. En otro golpe de efecto, López, jefe del partido centroderechista Voluntad Popular, de Guaidó, había sido liberado un par de horas antes por los efectivos de la policía política (Sebin) encargados de su custodia en su residencia.
Pareció la primera escena de una sublevación militar que podría deponer a Maduro en cuestión de horas, pero ninguna unidad castrense se sumó a la iniciativa.
La demostración junto a la base se disolvió y se transformó en un mitin y una marcha que terminó con López refugiándose en la embajada de Chile, primero, y de España, después, mientras que veinticinco soldados lo hacían en la embajada de Brasil.
El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, dijo que la acción se trató de «un golpe de estado insignificante» y agregó que «ochenta por ciento de los efectivos que acudieron (a acompañar a Guaidó) fueron engañados».
Maduro también consideró que se trató de «un golpe del engaño», porque «los golpistas venezolanos no solo se engañaron a sí mismos, sino que engañaron al imperialismo norteamericano y le hicieron creer que yo me iba a rendir y me iba a ir a Cuba».
Guaidó reconoció luego que el apoyo militar «no fue suficiente, pero la Operación Libertad continúa. Si el régimen creía que habíamos llegado al máximo de presión, se equivocaron. Vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela».
«Fue un pequeño acto de rebelión militar y el balance está claro: no hubo un quiebre dentro de la institución y los mandos con poder de fuego permanecieron leales a Maduro», apuntó Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada.
Los jefes opositores «plantearon una jugada audaz pero dejaron por fuera elementos esenciales del mundo castrense, de sus códigos, arte y simbología», además de que la oposición «no ha estructurado una oferta integral acerca del futuro de la Fuerza Armada en caso de que decidiese retirar el apoyo a Maduro y pasarlo a Guaidó», dijo la especialista.
John Bolton, asesor de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump, y Elliott Abrams, designado para manejar el tema Venezuela, declararon que en la operación para deponer a Maduro estaban involucrados Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el jefe de la Guardia Presidencial, el general Iván Hernández.
Los tres altos funcionarios «hablaron, hablaron y hablaron, y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. Dejaron de contestar el (teléfono) celular», según Abrams.
La versión de Bolton y Abrams fue negada por el gobierno de Maduro. En cambio, el general Manuel Cristopher, jefe del Sebin, la policía que posibilitó la fuga de López, fue destituido.
El impacto político se vivió el primer día de mayo, con decenas de miles de opositores que salieron a las calles, con Guaidó como orador en dos plazas de Caracas, mientras se repetían marchas y concentraciones en ciudades de provincia.
Conforme a una especie de libreto que siguen los contendientes cuando el bando rival organiza una demostración de fuerza, el oficialismo hizo una sola gran manifestación, con miles de seguidores del interior que acudieron a Caracas para marchar en apoyo de Maduro.
La manifestación opositora fue seguida por enfrentamientos con las fuerzas antimotines en Caracas. Una joven murió de un balazo en la cabeza y hubo más de cincuenta heridos.
En todo el país, el balance desde el 30 de abril de las protestas es de cuatro muertos y 130 heridos, según el Observatorio de Conflictividad Social. El Foro Penal contabilizó 168 detenidos, trece de ellos adolescentes.
Guaidó ha llamado a que «hagamos protestas todos los días», a partir ahora de «paros escalonados en todos los servicios y empresas del Estado, hasta concluir en una gran huelga nacional», para sostener la presión sobre Maduro y la Fuerza Armada.
De su lado, Maduro advirtió que a las autoridades «no les temblará el pulso para aplicar la justicia contra los culpables de estos intentos de golpes de estado», sus seguidores reclaman cárcel para los líderes opositores y Padrino dijo que «debe cesar la impunidad» que atribuye a Guaidó.
La crisis de gobernabilidad que parece a punto de rozar la confrontación armada avanzó desde que Maduro fue elegido hace seis años en reemplazo del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), y se agravó una vez que el gobernante asumió un segundo sexenio el 10 de enero, tras su reelección en mayo de 2018, en unos comicios en que la mayoría de la oposición se abstuvo por proscribirse sus partidos y líderes, entre otras irregularidades.
Ante un alegado «vacío de poder», el parlamento de mayoría opositora autorizó a Guaidó, su presidente, a asumir desde el 23 de enero de 2019 como encargado del Poder Ejecutivo con el fin de organizar unas nuevas elecciones.
En el exterior, todos los días algún portavoz del gobierno de Trump -y a veces el propio mandatario- insiste en que «el tiempo de Maduro se acabó, debe irse» para que se instale un gobierno de transición, y constantemente recuerdan que para lograrlo Washington considera que «todas las opciones están sobre la mesa», incluido el empleo de la fuerza militar.
Una eventual intervención militar es rechazada por los demás actores internacionales, que van de la extrema derecha a la izquierda, tanto en la región como en Europa. Ha vuelto a insistir en ello ahora el Grupo de Lima, que integran Canadá y una decena de gobiernos latinoamericanos y caribeños.
El gobierno de Maduro ya se retiró de la Organización de Estados Americanos -que en cambio ha recibido como embajador a un representante de Guaidó- y un grupo de contacto animado por países europeos, México y Uruguay no ha conseguido acuerdos mínimos para un diálogo entre las partes.
Ese clima presagia una profundización y aceleración de las confrontaciones entre la oposición -que cuenta con su mayoría en la Asamblea Nacional, parlamento unicameral desconocido por Maduro- y el oficialismo, que controla los restantes poderes.
Pero, más allá de las instituciones, los acontecimientos al despuntar este mayo apuntan a un mayor enfrentamiento de calle, con sus secuelas de violencia y represión.
Mientras, la economía del país sigue hundiéndose con desplome de la producción y exportación de petróleo -casi única fuente de divisas-, caída del producto interno bruto por sexto año consecutivo y la inflación récord en el mundo pues se calcula en unos diez millones por ciento anual.
A eso se une la escasez y carestía de alimentos y medicinas, un desempleo superior a 40 por ciento, niveles de subalimentación alarmantes, según expertos sociales y una migración que ha llevado en cinco años a al menos 3,5 millones de venezolanos a dejar su país.
- Edición: Estrella Gutiérrez
- Distribuído por IPS
Según lo que hemos podido ver en estos años en los medios, Maduro es un histrión. Puede que gestione mal, o que le tengan bloqueado economicamente, no lo sé, pero de lo que no cabe duda es de que la situación en Venezuela parece la «Cronica de un golpe de estado anunciado». ¿En que país del mundo hay una dictadura con la oposición manifestándose en la calle? Y no solo eso, alentando explicitamente un golpe de estado. El régimen venezolano tendrá muchas imperfecciones, pero decir que es una dictadura no es cierto. En China, Arabia, Corea, etc… toda esta gente estaría en la cárcel o fusilados. Pienso que la comunidad internacional no se ha planteado ni por un solo momento intentar ayudar desde el principio del chavismo a ver qué daba de sí un país gobernado por una gente que decía pensar en pueblo. Ahora ya no se llevan los bombardeos sobre las sedes presidenciales, como ocurrió en Chile con salvador Allende, al que no se le dio ni un día de gracia por representar al gobierno de izquierdas que había ganado limpiamente las elecciones, ahora se lleva ahogar de hambre y sed cualquier experiencia que no sea de ortodoxia conservadora-neoliberal en lo económico, no sea que pueda dar algún resultado positivo. Si lo que estos días está sucediendo en Venezuela estuviera sucediendo en España promovido por la derecha (al fin y al cabo al presidente Sánchez le llamaron entre otras cosas okupa de la Moncloa; Presidente ilegítimo) en todo el mundo se estaría hablando de la promoción clara de un golpe de estado.