La policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada deben dejar de hacer uso de fuerza innecesaria y excesiva contra manifestantes y deben rendir cuentas cuando cometan violaciones de derechos humanos, señala Amnistía Internacional.
En un informe, AI expone con detalle cómo la policía y las fuerzas de seguridad han llevado a cabo repetidamente ataques ilegales, sin que mediara provocación, contra manifestantes pacíficos. También acusa a los dirigentes de la Autoridad Palestina de permitir que esas actuaciones se lleven a cabo impunemente.
“Las normas relativas a la actuación policial durante las manifestaciones en Cisjordania siguen sin cumplir en absoluto lo establecido por el derecho internacional”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “A consecuencia de ello, el derecho a la libertad de expresión y reunión se está viendo seriamente erosionado”.
Durante los sucesos del 30 de junio y 1 de julio del año pasado, los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad, algunos de ellos vestidos de civil, atacaron violentamente a manifestantes pacíficos que protestaban por una reunión celebrada en Ramala entre el presidente palestino, Mahmud Abbas, y un ministro del gobierno israelí. Al menos cinco manifestantes requirieron tratamiento hospitalario. La violencia desató la indignación pública y, tras los sucesos, el presidente Abbas anunció que había designado un Comité de Investigación Independiente para examinar la conducta de la policía y las fuerzas de seguridad. Por su parte, el ministro del Interior emprendió también una investigación interna.
Más de un año después, la Autoridad Palestina aún no ha publicado el informe completo de la investigación independiente, aunque ha desvelado un resumen de las conclusiones, entre ellas la de que la policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina utilizaron fuerza “innecesaria”, “injustificada” y “desproporcionada” contra manifestantes pacíficos que no suponían un peligro y contra periodistas, y actuaron fuera de la ley. Al parecer, la investigación interna del Ministerio del Interior ha llegado a conclusiones similares, aunque su informe tampoco se ha hecho público.
Una mujer de 23 años que fue hospitalizada tras la violencia dijo a Amnistía Internacional: “Me atacó un policía vestido de civil que me agarró, me arañó el brazo con las uñas y me dio patadas en las piernas […] Luego me atacó un policía de uniforme que me dio tal golpe con la porra en la cabeza que me hizo caer al suelo.”
“Pese a las conclusiones del Comité de Investigación Independiente, la Autoridad Palestina no ha procesado a ningún agente de policía o de las fuerzas de seguridad por la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos y por otras conductas ilegales durante los sucesos del 30 de junio y el 1 de julio del año pasado en Ramala”, ha manifestado Philip Luther. “Esa impunidad fomenta inevitablemente nuevos abusos, tal como han demostrado los incidentes ulteriores en los que, desde mediados de 2012, las fuerzas de la Autoridad Palestina han hecho uso de fuerza excesiva contra manifestantes”.
Los incidentes más recientes han tenido lugar en julio y agosto de 2013, cuando la policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina atacaron violentamente a manifestantes pacíficos al menos en cuatro ocasiones diferentes. Algunos de esos ataques los perpetraron agentes vestidos de civil que agredieron y trataron de intimidar a mujeres que se manifestaban y a periodistas que estaban informando sobre las protestas.
Las fuerzas de seguridad también han estado implicadas en la muerte de dos palestinos en los últimos meses. El 8 de mayo, Khaleda Kawazbeh murió en circunstancias no aclaradas durante una redada policial en el poblado de Se’ir, cerca de Hebrón, y otras ocho personas resultaron heridas. El 27 de agosto, Amjad Odeh, de 37 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta.
“La Autoridad Palestina debe poner fin urgentemente a este patrón de abusos por parte de su policía y sus fuerzas de seguridad, y debe romper el círculo de impunidad que los fomenta”, ha manifestado Philip Luther. “La Autoridad Palestina debe garantizar que los policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad que cometan actos ilegales contra manifestantes u otras personas rinden cuentas mediante procesamientos penales, y debe garantizar asimismo que todo el personal encargado de hacer cumplir la ley recibe formación adecuada para respetar los derechos durante la actuación policial relativa a las manifestaciones.”
Amnistía Internacional pide asimismo a la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos donantes que han prestado ayuda económica a la Autoridad Palestina para que imparta formación a su policía y sus fuerzas de seguridad que exijan que se rindan cuentas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
“Los donantes internacionales deben dejar claro a los dirigentes de la Autoridad Palestina que no están dispuestos a tolerar violaciones constantes de derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad palestinas, y que la asistencia futura depende de que los dirigentes de la Autoridad Palestina garanticen una rendición total de cuentas”, ha manifestado Philip Luther.
