San José de Apartadó ha sido un territorio históricamente golpeado por la violencia del conflicto armado en Colombia. A pesar de haber vivido lamentables hechos como el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos y las incursiones de actores armados ilegales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, esa población ha sido un ejemplo de resistencia pacífica frente al conflicto armado colombiano, escribe Erika Guevara[1].
Acciones como la creación de la Comunidad de Paz hace más de veinte años, han sido un emblema, reconocido nacional e internacional, de la lucha colectiva de la población civil por exigir su derecho a no ser parte del conflicto armado.
A pesar de los esfuerzos persistentes por mantenerse ajenas al conflicto armado, en las últimas semanas las comunidades de San José de Apartadó han sufrido incursiones armadas de grupos paramilitares que pretenden ejercer el control territorial en la zona, aprovechando en buena medida la salida de la guerrilla de las FARC desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, y la escuálida presencia estatal en la zona.
Según relatan los habitantes de San José, estos hechos son una repetición nítida de lo que antecedió a las masacres ocurridas hace más de una década, cuando grupos paramilitares –con aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado- invadieron cada rincón del territorio, devastando a su paso el tejido social y los liderazgos locales.
Una residente de la comunidad expreso a Amnistía Internacional: «tenemos mucho miedo, vemos los mismos patrones de hace diez años justo antes de las masacres.»
Desde finales de 2016, la Comunidad de Paz ha informado de un incremento en la actividad paramilitar en la zona, especialmente por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
De igual forma han elevado denuncias sobre la falta de acción por parte de las brigadas 17 y 11 del Ejército Nacional de Colombia de Antioquia y Córdoba respectivamente, así como de la Policía Nacional, pues a pesar de las graves acusaciones de la población, no se ha detenido la avanzada paramilitar en la región.
En vez de tomar acción, la comunidad ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado actúan, en muchas ocasiones, de manera coordinada con los jefes paramilitares y «frecuentemente se reúnen (…) [y] cuando no se pueden realizar esas reuniones, entonces se comunican con disparos al aire, significando que están ahí para no equivocarse y hacerse daño entre ellos» (fuente: http://www.cdpsanjose.org/node/109).
En un comunicado del 20 de julio, la Comunidad de Paz afirmó que, «ya son muchas las estrategias de terror que pesan sobre la región de San José de Apartadó, pues cada vez es más difícil ser libres parar trabajar en nuestras parcelas, dado que hoy en día la población está más limitada para decidir cómo vivir en el territorio».
Los habitantes de San José de Apartadó no han conocido otra forma de vida más que tener miedo, aunado a constantes retenes ilegales, invasión de viviendas, robo de productos agrícolas, agresiones y amenazas en forma de grafitis en las calles, amenazas puntuales a líderes y lideresas, y reuniones organizadas por los paramilitares a las que deben asistir forzadamente.
Ante esta grave situación, es de suma preocupación la ineficacia y negligente inoperancia del Estado colombiano en el territorio, no sólo para brindar protección y garantías de seguridad ante incursiones armadas ilegales, sino para garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes.
Es en este tiempo de construcción de paz, el Estado debe reconocer las múltiples formas de violencia que persisten y debe tomar acción decidida no sólo para investigar los hechos denunciados por la comunidad, sino para cumplir su obligación de desmantelar grupos paramilitares y desplegar su presencia más allá de lo militar.
La comunidad ya cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de las reiteradas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales, pero las autoridades competentes en Colombia aún no han respondido de forma adecuada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en reciente pronunciamiento, instó al Estado colombiano a proteger a la población civil y expresó que se debe pasar de «comprobar» la existencia del paramilitarismo en la región a tomar acción inmediata para proteger a la población.
El Estado debe entender que dicha protección no se limita a tener bases militares cercanas, -lo que en realidad constituye un riesgo mayor en un contexto de conflicto armado-, sino en tener una presencia fortalecida, con respuestas eficientes que permitan a las comunidades a recobrar la confianza en las autoridades.
Las garantías de no repetición son el punto de quiebre de más de cincuenta años de violencia.
Sin el reconocimiento y la acción inmediata del Estado colombiano frente a la amenaza latente de estructuras paramilitares en la zona –y en muchas otras zonas del país-, las vulneraciones a los derechos humanos continuarán, dejando de nuevo desprotegida a la población civil que padece directamente los embates del conflicto.
Este continuum de violencia debe detenerse para así avanzar medidas eficaces para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de todas y todos en el país. Las víctimas del conflicto y la violencia deben ser el centro de la acción estatal, y no se puede permitir que el terror y la amenaza empañen la esperanza de lograr un país con una paz duradera y sostenida.
- Erika Guevara-Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
- Revisado por Estrella Gutiérrez
- Distribuido por IPS
