En el marco del día internacional para erradicar la pena de muerte, Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y revisar o conmutar las sentencias a pena de muerte contra ciudadanos mexicanos en ese país.
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 60 mexicanos han sido sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos y permanecen a la espera de su ejecución. La mayoría de ellos se encuentran amparados por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena la suspensión de estas sentencias en tanto no se revisen sus procesos judiciales (el llamado caso Avena).
Amnistía Internacional reconoce el papel que la SRE ha desempeñado en la defensa de los derechos de los mexicanos sentenciados a pena de muerte en los Estados Unidos, y ha llamado a las diferentes instituciones mexicanas a redoblar sus esfuerzos para asegurarse que se suspendan sus condenas a muerte y, en los casos que forman parte de la sentencia de la CIJ, se revisen sus procesos.
La sentencia de la CIJ se basó en el fallo de las autoridades estadounidenses en dar cumplimiento a los derechos consulares que se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por ello, Amnistía considera que es fundamental el cumplimiento de estos derechos para que puedan acceder a un juicio justo quienes son procesados en un país distinto al suyo, especialmente cuando existe un riesgo importante de que las prácticas discriminatorias y las barreras del lenguaje puedan limitar el acceso a la justicia a las personas procesadas.
Hasta ahora, y pese a la obligatoriedad de la sentencia de la CIJ, Texas se ha negado a acatarla y ha ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su sentencia: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, el 7 de julio de 2011.
Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad de ser sentenciados a pena de muerte. Desde que asumió el cargo el actual gobernador de este Estado, Rick Perry, desde el año 2000 se han ejecutado en total a 250 personas. Los argumentos de Texas para llevar a cabo las ejecuciones es que no existe una norma interna en Estados Unidos que les obligue a aplicar la sentencia de la CIJ.
Sin embargo, Amnistía asegura que, de acuerdo al derecho internacional, las sentencias de la CIJ deben cumplirse incondicionalmente, y no cabe como excusa argumentar incompatibilidades con el derecho nacional, por lo que la justificación presentada carece de validez. Además este Estado ha hecho caso omiso de los llamamientos del gobierno Obama para detener las ejecuciones de mexicanos amparados por la sentencia de la CIJ.
Existe un proceso para aprobar una legislación federal que permita cumplir con esta sentencia, pero aún no ha sido votada.
Función de la CIJ
La CIJ, establecida en 1945, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre otras, su función es resolver, de acuerdo con el derecho internacional, disputas legales presentadas por los gobiernos. México presentó en 2003 su caso contra Estados Unidos basado en la Convención de Viena, que dio lugar a la sentencia de la CIJ Avena y otros ciudadanos mexicanos, dictada el 31 de marzo de 2004. Los estadounidenses aún no ha cumplido la resolución Avena, pese a que están de acuerdo en que tiene obligación de hacerlo.
El 25 de marzo de 2008, en Medellín v. Texas, la Corte Suprema concluyó por unanimidad que la resolución Avena “constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos”. Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, la Corte decidió que la resolución de la CIJ “no es automáticamente vinculante en la ley nacional” y que la autoridad de ponerla en práctica no recaía en el presidente, sino en el Congreso del país
De acuerdo al Departamento de Justicia Criminal de Texas, cerca de la tercera parte (31%) de las personas ejecutadas durante el 2011 eran de origen hispano y casi dos tercios (65%) de los últimos diez años pertenecían a minorías étnicas.
