El Senado de España ha instado hoy, 15 de octubre de 2015, al Gobierno de Arabia Saudí a respetar la legislación internacional y los derechos humanos, erradicando la pena de muerte, en una declaración institucional leída por el presidente de la Institución, Pío García-Escudero.
La declaración institucional ha sido promovida por la senadora de Podemos Maribel Mora, designada por el parlamento Andaluz, abogada y activista por los derechos humanos, y está motivada por el caso del joven saudí Ali Mohammed Baqir al-Nimr, condenado a morir decapitado tras una confesión que le fue obtenida mediante torturas, según Amnistía Internacional, por hechos cometidos cuando sólo tenía 17 años.
Mora se muestra esperanzada sobre la declaración institucional, ya que espera que “esta llamada del Senado al régimen Saudí pueda servir para evitar la muerte de un joven de manera injusta e injustificable, aunque haya cientos de personas en la misma situación cada año”. Así, entiende que “España debería presionar con todos los recursos a su alcance para evitar la vulneración de los Derechos Humanos donde fuera, independientemente de poder y los intereses económicos en juego”.
La declaración, que reconoce que “el Senado no puede permanecer impasible ante la pervivencia de prácticas absolutamente ajenas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, insta a las autoridades saudíes a “respetar los estándares mínimos en materia de pena de muerte” y que deje “sin efecto la condena a muerte impuesta a Ali Mohamed Baqir al-Nimr.
En el momento de su detención, Ali Mohammed Baqir al-Nimr tenía apenas 17 años. Así, la sentencia impuesta contraviene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos -en tanto que no respeta la reserva de la pena de muerte para los más graves delitos si la pena capital estuviera prevista en la regulación del país-, además de otras disposiciones del Derecho Internacional Humanitario -tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Arabia Saudí- que proscriben la imposición de la pena capital por delitos cometidos por menores de edad.
Arabia Saudí es uno de los países que más penas de muerte impone en todo el mundo: ha ejecutado a más de 2200 personas entre 1985 y 2015. Sólo entre enero y finales de agosto de 2015 han sido al menos 130 ciudadanos los condenados a la pena capital (habitualmente mediante decapitación y posterior crucifixión del cuerpo para su exposición pública). Además, es habitual, como han denunciado diversos organismos internacionales, que los juicios se celebren de manera secreta, que los abogados no sean avisados para las audiencias, o se niegue la asistencia legal durante el proceso.
