Después del triunfo de las Revolución Mexicana, por cierto la primera socialista en el mundo, inclusive antes que la soviética, conforme a la institucionalidad que se conformaba con la misma promulgación de la Constitución que nos rige, se conformó el primer Código Penal.
Precisamente de esos antecedentes surge, entre otros muchos aportes transcendentes, la importancia histórica del nuevo Código Nacional Único de Procedimientos Penales, de absoluto cumplimiento en todo el país, que este lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó en un acto solemne en Palacio Nacional.
En esta forma se cumplió uno más de los compromisos del actual mandatario, derogar los 32 Códigos Penales, que correspondían a cada una de las entidades de la República, y unificar los criterios en la procuración y administración de justicia.
Peña Nieto en su intervención destacó como punto fundamental que el nuevo ordenamiento permitirá que más mexicanos gocen del derecho constitucional a una justicia pronta y expedita.
Para ello, el propio Primer Mandatario demandó del Poder Judicial de la Federación, Tribunales Superiores de Justicia y Ministerios Públicos, aplicar las acciones necesarias para transformar a este instrumento en una justicia a la altura de las demandas de los ciudadanos.
En efecto, con dicho instrumento se fortalece el Estado de derecho y da mayor tranquilidad y seguridad a todos los mexicanos. “Con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales inicia una nueva etapa en la vida jurídica del país”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo.
Aquí lo importantes es que las instituciones de procuración e impartición de justicia cumplan con el reto de modernizarse, y recuperen la confianza ciudadana a partir de resultados, reconoció Peña Nieto, al tiempo que agregó que “estamos frente a un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso”
Esto en conclusión es lo que se pretende, sobre todo con los juicios orales, que obligan al Juez a estar presente en las audiencias. “Este código, precisó el mandatario, reglamentará para todo el país el nuevo paradigma de la justicia penal, y permitirá acelerar la aplicación del modelo acusatorio adversarial y oral, con el cual el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo”.
Totalmente de acuerdo, sin embargo es de coincidirse con la declaración pública del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam: “Estoy convencido de la trascendencia de los cambios que hoy atestiguamos, cambios que, de aplicarse en la forma correcta, generarán condiciones para combatir impunidad y corrupción, y para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, requisito indispensable de un Estado democrático, sólido y eficaz”. Esperemos que así sea.
