El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha firmado una nueva legislación que castiga con hasta tres años de cárcel a los acusados de participar en manifestaciones no autorizadas, mientras que los que participan o promueven «actividades extremistas» se enfrentarían a hasta seis años de cárcel.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) rechazan esta legislación que reprime la libertad de expresión e información.
Desde la reelección impugnada de Lukashenko para un sexto mandato presidencial en agosto de 2020, las manifestaciones han sido reprimidas violentamente, mientras que los periodistas que cubren estas protestas se han enfrentado al hostigamiento sistemático y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. Actualmente hay veintisiete periodistas encarcelados en Bielorrusia simplemente por hacer su trabajo.
Las autoridades también están cerrando sitios web y censurando mensajes en las redes sociales.
La ley recientemente promulgada es solo un ejemplo más de los ataques interminables contra periodistas en Bielorrusia. El 24 de mayo, Lukashenko adoptó medidas legales que obligan a obtener un permiso de las autoridades para organizar eventos masivos y prohibir a los periodistas que cubran esos eventos en vivo.
Además de esto, las autoridades bielorrusas han calificado repetidamente a los medios de comunicación y a los periodistas de extremistas, acusándolos de incitar al odio. Dado que la noción de «actividad extremista» sigue sin estar clara en la legislación reciente, es probable que se utilice para reprimir cualquier disidencia, pero también cualquier actividad mediática relacionada con las organizaciones de oposición.
El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, sostiene que «Bielorrusia es ahora uno de los países más peligrosos de Europa para los profesionales de los medios. Hacemos un llamamiento a las autoridades bielorrusas para que pongan fin de inmediato a los implacables ataques contra los periodistas. La comunidad internacional debe tomar medidas inmediatas para detener la detención arbitraria de los trabajadores de los medios de comunicación bielorrusos».
