La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión¹ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera inadmisible la dilación en el curso del proceso judicial contra la periodista indígena maya k’iche Anastasia Mejía Triquiz, detenida en Guatemala.
La CIDH, en el contexto actual de pandemia, llama al Estado a respetar y garantizar los derechos de la periodista a la libertad de expresión y a la libertad personal, así como a garantizar el desarrollo de una investigación judicial diligente y dentro de un plazo razonable.
La periodista Anastasia Mejía Triquiz, directora de la emisora Xol Abaj Radio y de Xol Abaj TV, fue detenida por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) el 22 de septiembre de 2020 en el municipio de Joyabaj, Quiché, y es acusada de los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado.
La orden de aprehensión señala los delitos en los cuales se basa sin la justificación de los motivos del arresto. Actualmente se encuentra detenida en el Centro Preventivo para Mujeres del departamento de Quetzaltenango.
A la fecha de emisión de este comunicado, Anastasia Mejía acumulaba 31 días de detención -sin un mandato de prisión preventiva ordenado por juez competente-.
Asimismo, su audiencia de primera declaración se habría reprogramado en dos ocasiones y la expectativa más cercana para la próxima citación le implicará al menos 37 días de detención, un margen de tiempo desproporcionado y que puede llegar a ser temerario en un contexto de pandemia.
La Relatoría observa con preocupación estas dilaciones y reprogramaciones porque impone en la periodista la carga de soportar la privación de su libertad a causa de deficiencias en el funcionamiento del sistema judicial que no le son atribuibles.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue informada de que la detención de Anastasia Mejía podría estar vinculada a su cobertura periodística de una manifestación de pobladores de Joyabaj en contra del alcalde Francisco Carrascosa el pasado 24 de agosto, por supuestos favoritismos en la entrega de ayudas económicas para paliar los efectos de la pandemia. Allí, la periodista hizo una transmisión en directo de los acontecimientos a través de la página de Facebook de Xol Abaj TV.
Anastasia Mejía es reconocida a nivel local por ejercer el periodismo comunitario en una radio y canal de TV, ha denunciado presuntos actos de corrupción dentro del gobierno municipal de Joyabaj, y criticado al alcalde local. Asimismo, en reiteradas ocasiones ha dado cobertura periodística a las movilizaciones sociales en la localidad.
Aún cuando el Estado ha señalado que se han respetado las garantías judiciales y que la comunicadora tiene a su alcance medios de impugnación, la Relatoría Especial reafirma su preocupación y recuerda que la detención y el inicio de procedimientos penales en contra de periodistas pueden afectar seriamente el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos, si estos han sido iniciados como consecuencia del ejercicio de la labor periodística. En diversas oportunidades se ha señalado que las autoridades deben asegurar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público, como las protestas sociales.
La criminalización de una periodista comunitaria mujer e indígena y el plazo excesivo de su detención pueden tener un efecto intimidatorio o de autocensura en otros comunicadores que también cubren temas de interés público, especialmente aquellos que ejercen el periodismo comunitario o independiente.
Sobre este punto, la CIDH y su Relatoría Especial han reconocido que los medios de comunicación comunitarios cumplen una función fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información de distintos sectores de la sociedad.
El pasado 3 de abril 2020, la CIDH remitió a la Corte Interamericana el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros respecto de Guatemala, que desarrolla la importancia de la diversidad, inclusión y pluralismo de medios comunitarios de los pueblos indígenas, y que podría comprometer su responsabilidad internacional.
Entre otros aspectos, la CIDH destacó que el uso de figuras penales hacia quienes operan radios comunitarias constituye una forma de censura y una violación desproporcionada de la libertad de expresión de los pueblos indígenas.
Ello da cuenta de que el de Anastasia Mejía no es un caso aislado sino que aparece en un contexto particularmente adverso para la libertad de expresión de estos grupos, en un país donde las radios comunitarias —y el periodismo comunitario en general— cobra una relevancia acentuada para la protección de sus derechos.
La Relatoría Especial llama al Estado de Guatemala a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y libertad personal de Anastasia Mejía, y a garantizar el desarrollo de una investigación judicial diligente que respete el derecho de defensa y demás garantías del debido proceso, conforme a sus obligaciones internacionales.
- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
