La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, quienes fueron asesinados en Colombia el 24 de abril de 1991.
Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por treinta años han tenido que librar los familiares de los periodistas para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas, y ha sido valorada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de las familias Chaparro y Torres.
El pasado 28 de julio 2021, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad.
En abril de 1991, Julio Daniel y Jorge Enrique, quienes trabajaban para El Espectador, se habían desplazado al municipio de Segovia, en Antioquia, para investigar la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás y en la que más de cuarenta personas fueron asesinadas. Mientras se encontraban en Segovia, los periodistas fueron asesinados. Según la investigación de la Fiscalía los hechos fueron ejecutados por guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN).
La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa.
Por esta razón, en diciembre de 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó el caso a la Comisión. Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso, valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada.
Después de diez años, la CIDH concluyó que en el caso particular se advierte un retardo injustificado en el acceso a la justicia, pues han transcurrido treinta años y los hechos continúan en impunidad. En este sentido, Colombia no cuenta con recursos idóneos para proporcionar una reparación integral y justicia a los familiares.
Por lo tanto, la Comisión entrará a definir la responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial consagrados en la Convención Americana, en relación a la falta de la debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, de conformidad con los estándares interamericanos para la investigación, judicialización y sanción de los crímenes contra la prensa.
Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad en el doble homicidio de los periodistas, que hasta el momento, después de treinta años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.
