El pasado año 2018 fueron asesinados en México nueve periodistas. Este año ya va el segundo. Se trata de Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, quien el sábado 9 de febrero de 2019 fue abatido en la ciudad de Emiliano Zapata, en el Estado de Tabasco.
Según ha informado la Fiscalía General, ese día recibieron un aviso en el que informaban de que en el hospital de ese municipio había fallecido una persona del sexo masculino a causa de heridas producidas por impacto de proyectil de arma de fuego.
Tras las indagaciones correspondientes se dio a conocer que Ramos, conocido como Chuchín, fue atacado mientras desayunaba en el restaurante de un hotel junto a un colega. Su asesino entró en el establecimiento, le disparó a bocajarro y huyó.
Chuchín, quien estaba a punto de cumplir 56 años, era locutor de la radio “Nuestra región hoy”.
En 2018, Afganistán fue el país más mortífero para los periodistas, quince de ellos perdieron la vida en él; le siguen Siria (once) y México (nueve).
Patria de los cárteles de la droga, México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación. Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles increíbles.
El nuevo presidente, Andrés M. López Obrador, ha puesto en marcha lo que ha denominado la “cuarta transformación”, que según sus palabras quiere que signifique justicia. “No podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres” afirmaba el pasado día 8. Tampoco que se silencie a la prensa. Eso no lo ha dicho. De momento.
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