Al igual que otros muchos asesinatos de periodistas, el de Regina Martínez sigue sin resolverse. Reporteros sin Fronteras (RSF), junto con su entidad socia Propuesta Cívica y la revista mexicana Proceso, piden a la justicia federal la reapertura de la investigación.
El pasado16 de abril de 2021, RSF y sus socios entregaron una petición oficial a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), en la que solicitan la federalización y reapertura de la investigación por este asesinato.
Regina era corresponsal de Proceso y fue asesinada el 28 de abril de 2012, tras publicar una serie de reportajes sobre violaciones graves a derechos humanos, la actuación de los narcotraficantes y la corrupción de las autoridades locales en el estado de Veracruz.
La investigación de la Fiscalía del Estado de Veracruz, que condujo al arresto y condena de una persona, lleva varios años interrumpida y se ha visto marcada por innumerables irregularidades y zonas oscuras. Lo fundamental es que se ha pasado completamente por alto la pista que relaciona el asesinato con la labor periodística de Regina Martínez y la autoría intelectual.
Free Press Unlimited, RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicaron el 17 de marzo de 2021 un nuevo informe de investigación, titulado «El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia», que documenta graves irregularidades en la investigación oficial de las autoridades de Veracruz. El informe revela, en particular, que el principal sospechoso por el asesinato fue condenado sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura, además de incluir varias declaraciones de testigos que contradicen la versión oficial del crimen.
Lucha contra la impunidad
La denuncia presentada ahora ante la Feadle es una nueva iniciativa legal de RSF para luchar contra la impunidad de la que se benefician los crímenes contra los periodistas en México y se adscribe a la línea de las acciones emprendidas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Hace poco más de dos años, RSF y Propuesta Cívica presentaron al citado tribunal internacional los crímenes contra periodistas cometidos en el país entre 2006 y 2018: 102 casos de asesinato, incluido el de Regina Martínez, y catorce casos de desapariciones forzadas de periodistas durante los mandatos de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), casi todos impunes.
El 9 de febrero de este año, RSF envió una notificación adicional a la CPI en la que añadía los diecinueve nuevos asesinatos de periodistas perpetrados desde los dos años recientes ocurridos en el país, con lo que el número de asesinatos o desapariciones forzadas de periodistas objeto de estas denuncias ascendía, en dos años, a 135.
Según el archivo de Periodistas en Español, el pasado año fueron catorce los comunicadores asesinados en el país, si bien RSF indica que, al menos, ocho de ellos es seguro que fueron ejecutados como consecuencia de su trabajo.
Recordamos, una vez más, que México ocupa un muy deplorable lugar en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que publicada RSF. En la reciente edición de este año, su lugar es el 144 de entre 180 países.
