El pasado día 2 de este mes de marzo de 2017 moría asesinado en Guerrero el periodista Cecilio Pineda Birto. Hoy, 19 de marzo de 2017, hay que volver a sumar otro más: Ricardo Monlui Cabrera, quien fue abatido el domingo 19 en Yanga, Veracruz. Ya son 29 los profesionales de la información fallecidos de forma violenta mientras gobierna Peña Nieto.
Monlui estaba desayunando en un restaurante junto a su mujer e hijo (también Ricardo), cuando unos desconocidos (aunque algún testigo ha asegurado que fue una sola persona), se acercaron a ellos y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa. El periodista falleció en el acto, si bien la esposa y el muchacho no sufrieron daño alguno. Se da la circunstancia de que Ricardo hijo ya había sufrido un atentado en diciembre de 2010, y en su declaración acusó de haber sido secuestrado y tiroteado por policías municipales, quienes le abandonaron posteriormente en un camino.
Ricardo era columnista del Diario de Xalapa (Veracruz), y del Sol de Córdoba, así como director del periódico impreso El Político y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba (Veracruz). Fue jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar. En su columna Crisol abordaba habitualmente temas relacionados con esa actividad, la caña.
La zona de veracruzana de Córdoba se distingue por contar con varios ingenios azucareros. Allí, en los últimos años, se han producido varios asesinatos de líderes. Desde 1986 ya son 32 los que han sido ultimados. Según publicaba recientemente noroeste.net, la guerra involucra a grupos delincuenciales, que no han reparado en ejecutar a determinados líderes aunque estuvieran retirados o contaran con algún nombramiento público. El último caso se produjo el pasado 24 de febrero de este año, cuando Fernando Maza murió en un enfrentamiento en el bulevar Tratados de Córdoba.
Parece ser que algunos de los líderes ya habían denunciado ante las autoridades correspondientes haber sido víctimas de amenazas, cobros de cuotas, abusos policiales e irregularidades administrativas, sin que su declaración y denuncia sirviera para salvarles.
