En Guatemala, a pesar de que algunos fotógrafos señalan que el azul del cielo no es muy favorable para su trabajo, para nosotros ese hermoso patrimonio, envidia de otros países, se empaña permanentemente con nubarrones de sufrimiento, injusticias, inequidades y una situación social que no ha sido abordada por los distintos gobiernos, lo que ha determinado que la conflictividad social, las luchas intestinas, las amenazas al ambiente y, en general, las inconformidades de grandes sectores, sean los asuntos cotidianos.
No es posible seguir poniendo curitas sobre problemas gigantescos que requieren de grandes soluciones. El ejercicio de gobernar demanda más que voluntad o discurso. Implica compromiso con una propuesta programática presentada con transparencia y claridad.
Debe ser acompañada de coherencia y consecuencia, de medidas que pueden no gustar a algunos porque no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, y eso lo saben a la perfección quienes han estado en esa posición. La toma de decisiones trascendentales suele producir costos que difícilmente los políticos tienen disposición de asumir y por eso venimos arrastrando las causas estructurales de un gobierno a otro.
Numerosos son los ejemplos de situaciones insoportables: la desigualdad, cuyo tratamiento pasa por asumir soluciones dirigidas a ir cerrando la brecha que nos ha colocado como uno de los países que encabeza esta inequidad.
Pero una medida recomendada por instituciones internacionales y por expertos en el tema, que es la reforma fiscal, aquí tiene cruz y calavera, ¡cuidado quién la menciona!, porque los que pueden la frenan y satanizan de inmediato. Irónicamente esta postura suele ser respaldada por los que se verían beneficiados y por aquellos que exigen del Estado lo que no puede cumplir, porque no tiene con qué.
El argumento es la corrupción que constituye un cemento de impunidad que pega a todos. Pero esa aberrante ambición de enriquecerse al amparo del aparato estatal hay que combatirla jurisdiccionalmente y de raíz, lo cual parece inviable, porque afectaría a muchos(as), incluyendo a los que hacen negocios de manera poco ética y transparente con el Estado.
La pobreza y la pobreza extrema que tiene en situación de precaria sobrevivencia a un elevado porcentaje de la población requieren poner en práctica acciones radicales, pues no se resuelven sólo con paliativos, que ciertamente pueden salvar vidas, pero no sacar de la pobreza a la gente.
Y esa pobreza es, en gran medida, rural. Pero la aprobación de la ley de desarrollo rural, que fue bloqueada por los empresarios en el 2012 y que podría crear una política de Estado en esta materia, enfrenta posturas extremas de uno y otro lado que hacen inviable alguna negociación.
La educación, indispensable para el desarrollo, sigue enfrentando dificultades: poco presupuesto, porque no hay de donde sacar más; escaso interés genuino de buscar las soluciones a las terribles condiciones estructurales en las que los menores reciben clases; la calidad de los maestros, muchos de los cuales tampoco se interesan en mejorar, lo que repercute en la mala preparación con la que los privilegiados llegan a las universidades. Y, de ajuste, la violencia en los establecimientos de educación media. El GAM informó que los crímenes contra estudiantes se han incrementado.
¿Quién, en el gobierno y la sociedad, está dispuesto a contribuir para empezar a resolver estos problemas? Privilegiamos lo que nos divide, sin intentar buscar lo que pueda unirnos.
