Pobreza energética en España: la izquierda pide medidas urgantes

El Grupo del Cambio en el Senado de España, formado por Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, ha presentado una una moción en el Pleno para implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética, ya que datos actualizados indican que, un año más, desde que comenzó la crisis, miles de hogares en el país padecerán las consecuencias el próximo invierno.

Stop al corte de suministro ocasionado por la pobreza energética
Stop al corte de suministro ocasionado por la pobreza energética

La pobreza energética se define como la situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.

Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala a su vez que el 9 % de los hogares de España no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, con los riesgos que eso supone especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.

La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para asegurar una vida digna asociada a la vivienda habitual. La UE, además, prohíbe la desconexión en periodos críticos. Sin embargo, aunque ya son muchos los países que han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables prohibiendo durante el invierno la interrupción del suministro que les pueda dejar sin calefacción, España carece de una política específica dirigida a prevenir la pobreza energética.

A pesar de las medidas aplicadas en diferentes Comunidades Autónomas (CCAA), la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos que no ha hecho más que agravar la situación. Lo cierto es que la electricidad y el gas cuestan en España más que en la mayoría de los países europeos. Según Eurostat, la electricidad que pagan los ciudadanos de este país es la cuarta más cara de toda Europa y no para de crecer desde 2008. Un informe de FACUA explica, de hecho, que el usuario medio ha pagado en 2014 alrededor de 400 € más de luz que en 2005 en España.

Mientras, las tres grandes compañías eléctricas del país (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acumulan ganancias de 56 624 millones de euros desde que comenzó la crisis. Por eso, los partidos políticos que promueven esta iniciativa consideran urgente que se afronte la reforma en profundidad de la legislación del sector eléctrico y energético llevando a cabo una transición hacia un modelo energético limpio, fundamentado en las energías renovables y el autoconsumo.

La moción presentada por el grupo del Cambio recoge diversos acuerdos orientados en este sentido para priorizar la concepción de la energía como un bien público, regular un sistema de suministro con tarifas progresivas que incentiven el ahorro y penalicen el consumo ineficiente y legisle la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución. Además, consideran preciso ampliar el bono social y apoyar las iniciativas que se lleven a cabo en los diversos organismos locales y autonómicos orientados en esta dirección, así como responsabilizar a las empresas para que garanticen un suministro mínimo y ofrecer y solicitar una información más detallada del concepto de la facturación.

De igual manera, la moción presentada recoge la necesidad de aplicar un tipo de IVA del 4 % al agua, el gas y la electricidad. También, recoge la necesidad urgente de realizar una auditoría sobre el conjunto del sistema del sector eléctrico y los costes reales del sector.

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