Poder Judicial en España: la menor dedicación erosiona el carácter colegiado que debe tener el CGPJ

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El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España se constituyó en un contexto que dificultaba especialmente el cumplimiento de las funciones constitucionales que tiene asignadas: Tras una reforma legal que redujo al máximo sus competencias, sus integrantes fueron elegidos a través de un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos. Y su presidente Carlos Lesmes fue nombrado tras un pacto previo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias.

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Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial de España

Jueces para la Democracia (JpD) , al abordar un balance de este primer año de gestión, considera que el funcionamiento del CGPJ se ha ajustado al guión que era previsible. Se ha producido una enorme diferenciación entre los vocales que pueden ejercer sus funciones a tiempo completo y aquellos otros que compatibilizan su condición de vocales con su actividad profesional, los cuales ven muy limitadas sus posibilidades de información y su capacidad para poder participar en las decisiones del organismo: “esta división entre vocales de primera y de segunda ha contribuido a erosionar el carácter colegiado que debe tener la institución y ha favorecido el creciente presidencialismo del presidente, Carlos Lesmes, en detrimento de la democracia interna del CGPJ”.

Para JpD, la notoria proximidad del presidente del CGPJ al poder político ha sido un factor clave para entender la incapacidad de la institución para reclamar al poder ejecutivo medios suficientes para los juzgados y tribunales, ante una situación alarmante en la que cerca de la mitad se encuentran saturados y trabajando a más del 150 % de las previsiones oficiales.

JpD sostiene que “esta pasividad resulta especialmente grave ante la situación de expectativa de destino de las dos últimas promociones incorporadas a la carrera, que se encuentran en una situación de interinidad impropia de quienes ejercen funciones de un poder del Estado”.

Agrega que “esa indisimulada cercanía política explica silencios clamorosos del CGPJ en momentos en los que los integrantes del poder judicial han sido atacados en su independencia. También explica actuaciones poco comprensibles, como la decisión de no reforzar la estabilidad del magistrado Pablo Ruz cuando ha  sido cuestionado desde el poder político y se ha optado por precarizar al máximo su situación”.

Agrega que “esta estrategia del palo y la zanahoria, en desafortunadas pero clarificadoras palabras del presidente del CGPJ, se ha visto acompañada con la creación de un nuevo órgano, el del Promotor de la Acción Disciplinaria, que se ha mostrado muy activo en el control ideológico de la judicatura, en especial cuando ha actuado sin fundamento contra la libertad de expresión de integrantes del poder judicial. Los premios correlativos han consistido en determinados nombramientos, sin una motivación adecuada del mérito y la capacidad, que han tenido su origen en las dinámicas internas del actual CGPJ y en la voluntad casi absoluta de su presidente”.

Según el criterio de Jueces para la Democracia, el progresivo presidencialismo del CGPJ “resulta contrario al carácter democrático, plural y colegiado que establece el texto constitucional, y se va a agravar ante los incumplimientos de la propia ley vigente, pues ya se ha vulnerado el mandato legal de renovar la Comisión Permanente de forma anual y de procurar la rotación de sus miembros. La intención de Carlos Lesmes de no modificar la comisión del CGPJ en la que ha podido concentrar todo su poder es otro signo preocupante de la deriva de la institución, que se ha convertido en un mero instrumento al servicio del poder político”.

Al hacer este balance negativo de un primer año de gestión, JpD reclama “un CGPJ que ejerza de verdad sus funciones constitucionales en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial”.

Reclama también que sea capaz de actuar para exigir los recursos que necesitan los órganos judiciales de España para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía y para prestar un adecuado servicio público.

Concluye JpD que “sin duda, desde el poder político se diseñó otro modelo institucional, con la finalidad de controlar la judicatura en una etapa de conflicto social y en la que se investigan numerosos casos de corrupción. Pero desde Jueces para la Democracia seguiremos defendiendo un órgano de gobierno judicial al servicio de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho”.

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