En mayo del 2008, Cerigua, con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, alertó sobre la nueva amenaza que significaban para la libertad de expresión actores que, incrustados en el Estado y en la sociedad, se constituían en un factor determinante de censura y autocensura, con lo que se limitaba severamente una serie de derechos, entre ellos el de información.
Advertimos que “el fenómeno mundial y regional del crecimiento de actividades ilícitas que promueven el enriquecimiento fácil y rápido a través del crimen organizado, la narcoactividad, el contrabando, el secuestro, los asaltos y robos, la adopción de niños, el tráfico de personas, de maderas, de combustibles y otras actividades que fomentan una economía parasitaria, hacen vulnerable la actividad periodística y el derecho a informar y estar informado con seriedad, puesto que estos grupos violentos recurren a medidas de fuerza que irrespetan las más elementales normas de convivencia humana y los derechos de las personas. La globalización de la delincuencia organizada, de la narcoactividad, la corrupción, el desmantelamiento y tráfico de vehículos, el secuestro, el tráfico de niños, los asaltos y otros delitos, actividades ejecutadas por bandas muy bien organizadas que operan en varios países con total impunidad, constituyen poderes fácticos que agudizan el problema de las amenazas a los periodistas”.
Ilustración: Cerigua
Esas reflexiones pretendían generar una discusión, en el entendido de que su resolución definitiva solamente sería posible si se fortalecía el Estado, se rescataban las instituciones y se reivindicaba plenamente el estado de Derecho.
El accionar de esos criminales es altamente peligroso para nuestra viabilidad como Estado. Todo se ve favorecido por la impunidad que ha campeado en el país. Estábamos ya en ese momento en un estado de alarma social. Esas aseveraciones fueron hace casi siete años. El crimen organizado ya se había infiltrado en sectores claves de instituciones públicas y también en entidades privadas. Son poderes invisibles, con redes en todas las esferas, están atrás o por encima de las autoridades constituidas legalmente; por el gran poder que concentran podrían marcar la pauta de la agenda de los medios; tienen una influencia patética en la sociedad; utilizan la cooptación, el soborno, las prebendas, comisiones, exacciones, participación en negocios diversos. Pueden cooptar, comprar, intimidar e imponer.
Sectores de la Iglesia, en ese año, alertaron sobre ese fenómeno y de sus repercusiones, pero las autoridades estatales y locales que lo sabían fueron incapaces de combatirlo, y algo peligrosísimo que preocupaba: la admiración en algunos sectores sociales, temor en otros y que ciertas familias ven en esas bandas una opción para resolver sus ingentes necesidades y para los políticos era un camino posible para alcanzar el poder.
Hoy estamos al límite, pero aún a tiempo.
