El Gobierno de España tiene la obligación de actuar por responsabilidad histórica
La delegada saharaui para España, Jira Bulahi, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que intervenga ante el reino de Maruecos para que sean indultados los 23 saharauis condenados por los hechos de Gdeim Izik, el campamento de la dignidad desmantelado en El Aiún en noviembre de 2010 por las fuerzas de ocupación marroquíes.
“Las duras penas impuestas a 23 ciudadanos saharauis por un tribunal marroquí, prácticamente una repetición de las que en su día dictó un tribunal militar, que tuvieron que ser anuladas, lo han sido sin pruebas, con declaraciones obtenidas bajo tortura, con testigos falsos, y un sin fin de irregularidades, como han denunciado numerosos observadores internacionales», señala Jira Bulahi.
La representante saharaui recuerda que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental según la ONU, y la Audiencia Nacional debe actuar para que los saharauis, condenados la mayoría con penas de cárcel de veinte años a cadena perpetua, no permanezcan en prisión “sufriendo la represión del estado marroquí por reclamar mejoras sociales y económicas para el pueblo saharaui, que vive bajo la ocupación marroquí desde que España abandonó, a finales de 1975, a la que había considerado su provincia número 53 sin proceder a la descolonización como determinaron las Naciones Unidas”.
Pido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su mediación ante el Rey Mohamed VI para que sea otorgado un indulto a los condenados, como han pedido la mayoría de los partidos políticos españoles y organizaciones españolas e, incluso, parlamentarios marroquíes del Partido Justicia y Desarrollo.
Para Jira Bulahi, una iniciativa española en este sentido sería “una medida de justicia con el pueblo saharaui, con el que España tiene tanta responsabilidad y obligación moral y que lleva 42 años sufriendo la ocupación marroquí y esperando que se cumplan las resoluciones de la ONU”.
