El proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff ha dejado finalmente de ser una amenaza que venía envenenando la política en Brasil. Ahora podrá ser una batalla traumática, pero a la luz del día, escribe Mario Osava desde Río de Janeiro.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció el miércoles 2 de diciembre de 2015 que decidió abrir un proceso político para la destitución de la mandataria, acogiendo la denuncia de tres juristas, entre ellos Helio Bicudo, cofundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Miguel Reale Junior, exministro de Justicia.
Cunha anunció su decisión pocas horas después de saberse que el PT votará en su contra en el Consejo de Ética y Decoro de la Cámara que investiga el dinero que él posee en bancos suizos, presuntamente producto de la corrupción en los negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras, un escándalo que ya incluye a más de 170 políticos y empresarios.
Ello confirma lo que ya era comentado en los medios de comunicación, pero no admitido públicamente por sus protagonistas: la existencia de un acuerdo tácito, entre el Palacio del Planalto (sede de la Presidencia) y Cunha, que obstaculizaba las acciones que pueden acarrear la destitución de Rousseff y del diputado.
El «abrazo» entre los dos amenazados tenía detrás la agresiva acción opositora de Cunha, aunque sea miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal aliado del PT en la coalición gobernante.
El PT cuenta con tres miembros de los 21 del Consejo de Ética. Sus votos son considerados decisivos en el caso de Cunha, que como presidente de la Cámara tiene la potestad de acoger o no peticiones de inhabilitación de mandatarios del Poder Ejecutivo.
Los tres diputados petistas optaron por alinearse con la dirección del PT y la opinión pública que rechaza a Cunha por abrumadora mayoría, resistiendo las presiones de Planalto, más preocupado en preservar a la presidenta y contar con condiciones para la votación legislativa de medidas requeridas por la economía en agravada crisis.
«Cambió el juego, hay otro tablero con alguna luz, tras meses de incertidumbre», evaluó Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad Estadual de Rio de Janeiro.
«Un proceso de inhabilitación provoca radicalizaciones no solo en el Congreso legislativo, sino que involucra a toda la sociedad, pero la esperanza es que el juego sea más claro, con todas las cartas en la mesa», analizó para IPS.
«Cunha acabó, no dispone de más sobrevivencia ahora que jugó su última carta, entregó el arma de chantaje», la acción contra la presidenta Rousseff que venía postergando, sostuvo.
El presidente de la Cámara, polémico desde nombramiento en febrero, es acusado de violar el decoro parlamentario, por mentir al afirmar en marzo que no tenía cuentas bancarias en el exterior, cuando prestó testimonio en la Comisión que investigó la corrupción de Petrobras.
Pero la Fiscalía de Suiza lo desmintió meses después y envió documentos sobre sus cuentas a su contraparte brasileña.
Cunha ya estaba acusado de recibir sobornos de empresas que obtuvieron millonarios contratos con la compañía petrolera, por testimonios de cuatro procesados que decidieron colaborar con la justicia, revelando lo que saben obtener rebajas sustanciales en sus posibles condenas.
Por ello es difícil que logre mantener su condición de diputado. La perderá si el Consejo de Ética considera que violó las normas del parlamento y el plenario de la Cámara, por mayoría de sus 513 diputados, aprueba esa acusación. Pero su caída llevaría varios meses.
Además él y otras decenas de parlamentarios investigados podrán ir presos, pero solo con autorización del Supremo Tribunal Federal, el único foro que puede juzgar a los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El juicio parlamentario contra la presidenta es más incierto, según Lattman-Weltman. Lo más probable es que la presidenta «logrará superar el desafío, en dura batalla con la oposición y dependiendo de cómo reaccione la sociedad».
Inhabilitar jefes del Poder Ejecutivo en Brasil exige mayoría de dos tercios de los diputados para autorizar el juicio político, celebrado por el Senado, donde también se necesita mayoría de dos tercios para condenar al procesado por «delito de responsabilidad».
El proceso es largo, porque empieza en una comisión de diputados de todos los partidos, en cantidad proporcional a sus escaños. En este caso, Rousseff está acusada de violar la ley de responsabilidad social, por firmar decretos que aumentan los gastos públicos sin autorización legislativa. La presidenta niega su ilegalidad.
La inhabilitación exige un delito concreto durante el mandato actual, pero se trata de un juicio político, con criterios distintos a los jurídicos. El expresidente Fernando Collor de Mello fue condenado en 1992 por el Senado, que le quitó sus derechos políticos por ocho años, mientras el Tribunal Supremo no halló pruebas suficientes para condenarlo por corrupción.
Un grave efecto de la nueva disputa política es su reflejo en la economía, ya en recesión desde 2014, que muchos califican ya de depresión. El tercer trimestre de este año registró una caída del producto de 4,5 puntos respecto a igual periodo del año pasado. Los economistas anticipan alguna recuperación en 2017.
Con un índice de desempleo de 7,9 por ciento en octubre, contra 4,7 por ciento en igual mes de 2014, y la inflación en una tasa anual de 10 por ciento, Brasil sufre una de las peores crisis de su historia. El caos político agrava la situación, al obstaculizar la adopción de medidas y crear incertidumbres que reducen inversiones, consumo y crédito.
Para colmo, pendía la amenaza de parálisis total del gobierno este mes, por incumplimiento del superávit fiscal previsto en el presupuesto. Pero el gobierno logró la aprobación legislativa este mismo miércoles 2 de una ley que le permite cerrar el año con un déficit equivalente a 31.000 millones de dólares, aliviando la tensión.
Sin eso sería necesario recortar todos los gastos posibles, incluso agua y energía de edificios públicos y viajes de la misma presidenta, por ejemplo, a la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, el 10 de diciembre.
Fue un triunfo del gobierno, que logró aprobar varias medidas económicas las últimas semanas, después de sufrir muchas derrotas durante este año, especialmente en la Cámara, muy influida por su presidente.
«El liderazgo de Cunha se vació, ya no tiene poder ni legitimidad para cobrar fidelidad de sus aliados en cuestiones que no sean la preservación de su mandato», observó Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.
Ante el deterioro del cuadro político y las dificultades del gobierno, los parlamentarios «están respondiendo a la presión de la sociedad y de los agentes económicos, entendiendo que la crisis política no puede paralizar el país», aseguró a IPS.
El escándalo desatado por la «Operación Lava-jato (autolavado)», con fiscales y policías investigando la corrupción en proyectos petroleros, «tiene preocupados todos los políticos», especialmente tras la detención, el 25 de noviembre, de Delcidio do Amaral, líder del bloque del PT en el Senado.
Leyes recientes, como las del combate al crimen organizado y a la legitimación de capitales, otorgaron «un poder inédito, con instrumentos de acción» a los órganos de control como la fiscalía, la policía federal y los tribunales de cuentas, «reduciendo la cultura del secreto y ampliando la transparencia», con positivos efectos para la política, concluyó Queiroz.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
