Aprovechando que el Tajo pasa por Lisboa, y que los portugueses en general “son muy aficionados a los juegos de azar”, el “imaginativo” gobierno luso se ha sacado de la manga un proyecto de ley para combatir la economía sumergida organizando una tómbola fiscal, un poco alambicada es cierto: los ciudadanos deben pedir la factura de lo que compran o consumen (un café, por ejemplo), para lo cual tienen que facilitar su número de identificación fiscal al comerciante, y después el gobierno hace un sorteo con todas las facturas y el ganador se lleva… un automóvil, por ejemplo, si consigue el primer premio.
La factura de la suerte es el nombre elegido para esta especie de rifa, que en rigor no es ninguna novedad y ya se ha probado, con desigual éxito, en varios países latinoamericanos, en China y en Eslovaquia, en Europa. El consumidor portugués, en principio no tiene que hacer nada salvo esperar que “le toque”, ni siquiera conservar esa factura, porque la caja registradora del establecimiento envía directamente sus datos al fisco.
Falta solo –según la información que publica el digital europeo Myeurop, que los responsables gubernamentales decidan la cantidad mínima que hay que gastar para participar en el sorteo (se habla de 2 o 5 euros), pero varios “listillos” ya han aconsejado fraccionar las facturas cuando excedan del mínimo para tener más posibilidades de ganar.
En principio habrá sesenta sorteos anuales, más o menos uno por semana y unos cuantos extraordinarios, y los premios no serán en metálico sino en bienes de consumo, con un primer premio de un coche de lujo, según los rumores, que también hacen chistes acerca de quien pagará después el seguro y la gasolina, teniendo en cuenta que, según estimaciones más o menos fiables, a causa de la crisis un tercio de los automóviles portugueses están inmovilizados porque su propietario no puede pagar la gasolina ni el peaje de las autopistas.
La información de Myeurop concluye recordando que entre 2012 y 213 la presión fiscal aumentó en Portugal un 35%, lo que le convierte en un record europeo y que, según el director adjunto de la revista económica Expresso, “la economía paralela no nace por azar. El IVA ha aumentado hasta el 23% para productos que antes estaban en el 13% e incluso en el 6%. Así que muchos comerciantes ofrecen la posibilidad de sin factura”.
Según el gobierno, el objetivo del proyecto es “prevenir el fraude y la evasión fiscal, poniendo en valor la iniciativa de los contribuyentes para exigir facturas”. Con esta medida espera conseguir ingresar en las arcas del estado entre 600 y 800 millones de euros.
