La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que los gobiernos de varias comunidades autónomas integrados por el Partido Popular y Vox, o con el apoyo de este último partido, empiezan a materializar serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas de Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Advierten que no es algo casual, porque el PP siempre ha sido una de las formaciones políticas más partidarias de que las mayorías gubernamentales controlen a los órganos de gestión de esos entes, alejándolos del consenso parlamentario, que es una condición necesaria para garantizar su independencia.
Esto es más grave porque en las dos últimas décadas se ha ido avanzando en la independencia de varios medios públicos de los respectivos gobiernos, con leyes que establecen mayorías parlamentarias cualificadas para elegir a los miembros de sus consejos de administración e impedir su control desde los poderes ejecutivos.
Ahora se produce una auténtica marcha atrás, con iniciativas como las planteadas por el PP en Aragón y en las Islas Baleares, y pronto quizá en el País Valenciano, según las informaciones que se han conocido últimamente sobre sus planes respecto al futuro de esas radiotelevisiones públicas.
En Aragón, el PP y Vox han presentado una proposición de ley para eliminar el concurso público a la hora de elegir a los máximos responsables de la radio y la televisión, y volver a su nombramiento directo a dedo.
En Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta el año 2028, el Gobierno del PP quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro. Es positivo que ese cargo sea de seis años, para que no coincida con una legislatura, porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del gobierno de turno.
Vox pide directamente su desaparición, como propone también en Catalunya para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la Agència Catalana de Notícies (ACN).
En el País Valenciano, donde el Partido Popular ya cerró Canal Nou en 2013, el PP y Vox también quieren modificar la ley que regula À Punt, con la excusa de lograr un ahorro económico pero que más bien pretende acabar con el actual modelo de esa radiotelevisión pública.
Últimamente ya se ha producido un caso flagrante de intromisión gubernamental, cuando una hermana del vicepresidente del Gobierno, de Vox, presionó a una redactora y a un equipo de edición para que no se informara de la incompatibilidad del cargo de su hermano en el Gobierno autonómico con su presencia en los consejos de administración de siete empresas.
La FeSP manifiesta su inquietud y preocupación por estas amenazas de involución en los medios públicos por parte del PP y Vox. Todo apunta a que el Partido Popular, en alianza con Vox o en solitario, busca revertir los adelantos democratizadores de los últimos años y volver al control de los medios de comunicación públicos por parte de los respectivos gobiernos o de las mayorías parlamentarias.
Ese modelo se ha ido superando en varias autonomías, y sería necesario hacerlo en toda España a partir de una Ley General de Comunicación Audiovisual que no permitiera excepciones autonómicas o locales opuestas a unas normativas europeas que reclaman la independencia de los medios públicos.
