Mencionar al Sistema Penitenciario en Guatemala es desatar furias, sentimientos de indignación, de disgusto, de repudio y de rechazo. Esta institución es un fracaso y un caos, no de ahora, así viene de gobierno en gobierno, unos echándole la culpa a los anteriores.
Se señala a quienes han estado al frente de la institución de ser, desde incapaces, hasta corruptos. La población tiene sobradas razones para reaccionar de esa manera. Esos sitios, que se supone deberían aislar a los antisociales para que no continúen provocando daño a las personas, y que tienen como objetivo lograr su reinserción social, son universidades del crimen. ¡Pobres de aquellos que lleguen a él si son inocentes!
Allí se encuentra a proveedores de productos y servicios ilegales. Se puede contratar sicarios, se ordenan extorsiones, se planifican crímenes y otros delitos, se comercia con la seguridad y con la vida, así como con múltiples objetos, desde celulares, que milagrosamente se reproducen después de cada requisa, chips, baterías, drogas y artículos de cualquier necesidad. Los reos más peligrosos son quienes imponen el orden, venden, compran y pagan.
Pero hay otros aspectos que también debemos considerar.
Un informe de hace pocos meses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que el 50.3 % de privados de libertad en Guatemala se encuentran en prisión preventiva. En octubre del 2012 eran siete mil 357 y, como no hay condiciones, muchos están recluidos con los que ya han sido condenados, con lo cual se violan sus derechos humanos, pues están sometidos a detención arbitraria, no son juzgados en plazos razonables y mientras no se declare su culpabilidad, gozan de la presunción de inocencia.
Esa enorme cantidad de personas están hacinadas, conviven entre el lumpen, plagas y lacras. Y si bien es cierto la saña con la que aquí se cometen los crímenes, el derramamiento persistente de sangre, el luto colectivo, hacen que no sintamos ninguna compasión por esos seres humanos; sin embargo, hay muchos, demasiados, que no se sabe si están en esa situación por otras razones, por delitos menores y, especialmente, porque carecen de recursos para pagar abogados. La Defensa Pública Penal es eficaz, se sabe que los abogados que allí laboran son muy calificados, pero no se dan abasto ante el incremento de la criminalidad y las numerosas detenciones que se practican.
Los guardias de Presidios frecuentemente son señalados de estar vinculados con la corrupción, que es el origen y la fuente del ingreso de lo prohibido, de los privilegios y prebendas de que gozan algunos reclusos. Esos custodios ganan apenas Q3 mil 300 al mes, reciben un bono de Q75 por 20 años de servicio. Y es cierto que un salario, aunque sea decente, no puede competir con las cantidades que maneja el crimen organizado, pero esos sueldos son de miseria, tomando en cuenta las condiciones en las que trabajan, los riesgos que corren y las consecuencias que afrontan si el reo se fuga.
Atender este problema es obligación del Estado, aunque tenga tantos pendientes y allí tienen responsabilidad tanto el Ejecutivo como el Organismo Judicial.
