La población mundial vive mayoritariamente en países que desarrollan la economía de mercado, y la dependencia de esas leyes de mercado han llevado a que la propia sociedad se configure en función de los intereses del mercado, y sus gobiernos acepten con fatalidad que la prosperidad viene determinada por lo bien que le vaya a las cuentas de resultado de las empresas, dejando en segundo lugar el bienestar social.
España no es una excepción, y hemos podido comprobarlo con gobiernos en los que se han alternado ministros socialistas con ministros conservadores que, indistintamente, han privilegiado que esas cuentas de resultados dieran el mayor beneficio posible, y han utilizado, en caso necesario, recursos públicos para salvar a empresas en crisis en sectores varios de la economía, como la industria metalúrgica, la minería, la banca, las empresas energéticas y las constructoras e inmobiliarias.
En este devenir social por blindar los beneficios empresariales, se han aprobado leyes y normas que han permitido que, en toda clase de convenios y contratos, se instale como mal necesario la denominada “letra pequeña”, para cláusulas que, al ser aplicadas, han contado con un amplio rechazo social, y han dado paso a grandes protestas y al afianzamiento de sociedades de usuarios y consumidores para defender derechos personales y familiares.
En 2017 se han consolidado también asociaciones de expertos en el ámbito de la economía que denuncian situaciones de privilegio o de abuso de posiciones dominantes, y también de pequeños despachos y bufetes que se han especializado en la protección al consumidor, porque la legislación europea y, por extensión, la española, ha comenzado a responder de forma positiva a los intereses de amplios colectivos ciudadanos hasta ahora cautivos de compañías de seguros, de entidades bancarias y de empresas constructoras e inmobiliarias.
En este caso, como en otros muchos en que se imponen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Internet facilita el acceso a estas ayudas legales, que quedaban hasta hace poco tiempo fuera del alcance de las personas y las familias, y que ahora permiten hacer valer derechos, y recuperar patrimonios perdidos, frente a entidades o a la propia Administración, que nos apabullaba con sus grandes recursos legales.
