Retos sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica

Desde esta semana está disponible el texto del informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, John H. Knox, en relación a la Misión efectuada en Costa Rica en el año 2013.

Al finalizar su visita en tierra costarricense, y de manera preliminar, el experto había indicado en una conferencia de prensa en agosto del año 2013 que: «No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos» (ver nota de La Nación del 2/08/2013).

Jairo-Mora-justicia Retos sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica
Foto de vigilia frente al Poder Judicial de Costa Rica exigiendo justicia por la muerte de Jairo Mora Sandoval, el ambientalista costarricense asesinado mientras recorría la playa de Moín (costa Atlántica), acaecida en mayo del 2013. Nota del 6/05/2014 de Elpais.cr

Estas declaraciones hacían de alguna manera eco a la profunda indignación suscitada en Costa Rica y en el extranjero por la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval en una playa de Costa Rica en mayo del 2013, quien había hecho público amenazas recibidas en relación a la labor que desarrollaba, consistiendo en repertoriar nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe costarricense. Su muerte fue seguida por declaraciones infortunadas y precedida por una peligrosa deriva discursiva de las máximas autoridades de Costa Rica (ver modesta nota al respecto publicada en La Nación): tuvimos la oportunidad de analizar brevemente el significado de esta tragedia anunciada en estas mismas páginas ( véase nuestro modesta nota: Ecologismo de luto por Jairo Mora Sandoval, 12/06/2013). Un valiente ecologista de Costa Rica sugirió en un artículo pistas de investigaciones a las autoridades que al parecer no fueron exploradas, o de manera algo somera (ver artículo de Juan Figuerola). El pasado 26 de abril del 2014, el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo fue rebautizado con el nombre de Jairo Mora por las autoridades de Costa Rica (ver nota de CRhoy): un reconocimiento póstumo a Jairo Mora Sandoval en una zona sumamente sensible desde el punto de vista social, pero que no se adecúa del todo a las denominadas «garantías de no repetición» que ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados en caso de asesinatos de líderes ecologistas y sociales.

Precisamente, la situación de varias familias de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo, sujetas a órdenes de desalojos y demolición de sus casas es también parte de las preocupaciones del experto independiente (entre otros muchos temas): pero desde una perspectiva muy distinta. La peculiar situación de los pobladores en Gandoca Manzanillo dio lugar a una entrevista de cierto interés en el 2012, seguida por la presentación de un proyecto de ley fuertemente cuestionado por organizaciones ecologistas costarricenses (ver manifiesto colectivo), que terminó siendo objeto de una consulta facultativa y declarado inconstitucional por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica. Este ejercicio legal no fue seguido de ninguna nueva propuesta, por lo que la angustiante amenaza de desalojos sigue vigente para muchos pobladores de la zona (varios de ellos arraigados desde hace más de 100 años en Gandoca Manzanillo).

Derechos humanos

El informe señala en su parte final algunos desafíos y retos para Costa Rica en materia de derechos humanos. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: «Costa Rica /…/ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales«. En el punto 64 leemos que: « /…/ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses«. En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: «en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados«.

En el punto 67, leemos que. « /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica«. En el punto 68, el experto «recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos«.

En unas de sus últimas recomendaciones, el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: «el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones«. Se trata de las recomendaciones – algunas de carácter urgente – contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí).

Nota del autor: La versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: [email protected] . De igual manera, la versión en inglés del mismo informe puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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