Cuando algunos recién llegados hablan de Guatemala como un retrato del pasado, nos ofende, pero en realidad, al valorar cuánto avance tenemos entre una administración y otra, el resultado es lamentable y contrasta con la forma en que cada nuevo gobernante se vanagloria de sus logros.
Ya la ciudadanía está habituada a desconfiar de los informes y reportes oficiales, aunque digan algunas verdades. Los problemas parecen estacionados desde tiempo inmemorial, igual que las noticias que se van reciclando de unas semanas a otras. La pobreza y la miseria que nos caracteriza, la desnutrición, la sequía, la escasez de alimentos, los problemas de salud y la falta de un impulso a la educación, los venimos escuchando como letanías. Seguramente ahora, en el preludio de la campaña, serán tema de las cancioncitas que anunciarán al próximo mesías.
El abandono de los territorios habitados por pueblos indígenas, cuyas tradiciones y herencia cultural recoge el Preámbulo de la Constitución, que se inspira en los ideales de nuestros antepasados, ha sido traicionado una y otra vez. En esos lugares lo que se ha incrementado es la conflictividad social y lo que han provocado los malos gobernantes y los sectores económicos inconscientes es la falta de desarrollo.
La decisión plasmada en la Carta Magna de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho es un eufemismo que contrasta groseramente con la realidad. Lo que ha privado es la gran obsesión por la riqueza, lo cual ha resquebrajado la decencia, los principios y la honradez que debería inspirar la conducta social. Ya el buen nombre se ha convertido en un estorbo.
La falta de oportunidades que ha expulsado a miles de conciudadanos desde hace décadas se desbordó y provocó una reacción en cadena por la odisea que han pasado los niños que emprenden el camino sin acompañantes, poniéndonos en la mira internacional.
El suplicio diario de los usuarios del transporte es lamentable, comenzando porque resulta imperdonable que las fuerzas de seguridad sean incapaces de capturar a los asesinos de pilotos. En el 2013 murieron violentamente 87; en el 2014, 74, y este año ya van ocho. Para esas familias esto es irreversible, tanto la cauda de dolor como la incertidumbre de futuro, pero además cada hecho de violencia provoca paro de camionetas, es decir que los pasajeros deben pagar sumas elevadas por el pasaje, o caminar para conseguir otro transporte. Eso sin contar con la angustia que los acompaña porque llegarán tarde a su trabajo, probablemente reciban una regañada, se les descuente el día y hasta puedan ser despedidos.
Los pobladores, los pequeños comerciantes, las gentes humildes navegan, de igual manera, en el mar de la inseguridad, pagando extorsiones y, como guinda, hasta agosto del año pasado, según el GAM, mil 221 personas fueron víctimas de linchamientos, 236 fallecieron.
Ninguna sociedad debería aceptar esta realidad. Ningún político que aspire a gobernar tiene derecho de seguir engañándonos.
