Desde nuestra anterior entrega, donde abordamos el tema, habíamos advertido de la indebida, incorrecta y antijurídica intervención del presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina, para favorecer, al cancelar la sentencia de 80 años por los delitos de genocidio y lesa humanidad a su compañero de armas, José Efraín Ríos Montt.
No obstante las evidencias, la serie de relatos angustiosos y dramáticos de las victimas supervivientes de la etnia Ixil, ahora resulta, por decisión presidencial, que el juicio fue indebido, según acordaron los ministros manipulados de la Corte Constitucional de esa nación centroamericana.
Por unanimidad de los cinco miembros del más alto tribunal de Guatemala, decidió cancelar la sentencia y ordenó reponer el juicio, porque según dijeron, el dictador y genocidio, no contó con el debido proceso.
Era de advertirse esta situación de burla a las víctimas y a la opinión pública nacional e internacional. Primero los abogados y sus guardaespaldas, después de conocida la sentencia, trataron de proteger a Ríos Montt, en una acción frustrada para facilitarle la huida de la sala, en la cual el Tribunal de Mayor Riesgo lo consideró culpable y lo sentenció.
A gritos, tuvo que imponer su autoridad la presidenta del Tribunal, Jazmín Barrios, para que elementos de la Policía Nacional se hicieran cargo del sentenciado para llevarlo hasta la prisión.
Ahí se dio otro teatro en el presidio, al fingir un problema de salud, por lo que fue trasladado al Hospital Militar, ahí, en la comodidad de un cuarto de nosocomio, Ríos Montt recibió la buena noticia de la anulación de su juicio.
En efecto, se llevará a cabo el nuevo proceso, se presentarán nuevamente las evidencias, las victimas volverán a hacer su dramático relato, pero estemos ciertos, que el poder en Guatemala nuevamente intervendrá en favor del milite genocida.
Así será, pero nunca jamás nadie podrá quitarle a José Efraín Ríos Montt, el estigma, de dictador y genocida.
