La niebla que todavía rodea el masivo negocio de robo y compraventa de bebés, perpetrado durante décadas en España bajo el régimen de Francisco Franco (1939-1945), podría empezar a disiparse en los estrados judiciales de Argentina, informa Marcela Valente (IPS) desde Buenos Aires.
«En mi país la mayoría de las denuncias son archivadas, por eso decidimos presentarnos en Argentina», dijo a IPS la española Soledad Luque, cuyo hermano mellizo, Francisco, fue declarado muerto en 1965, poco después de nacer, sin que sus padres pudieran ver nunca sus restos. Luque declaró este lunes 2 ante la jueza argentina María Romilda Servini para incorporar estas denuncias a una causa sobre otros crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y el franquismo, que la magistrada tramita apoyada en el principio de la jurisdicción internacional para este tipo de delitos.
Luque y su hermano nacieron en la Maternidad Provincial de O’Donnell, en Madrid. Francisco permaneció en incubadora. Y, después de varios días, los padres fueron informados por el hospital de su muerte repentina por presunta meningitis.
La familia reclamó el cuerpo del recién nacido y la respuesta fue que había sido incinerado, pero tampoco les entregaron las cenizas, relató Luque a IPS.
Cuarenta y cinco años más tarde, casos similares comenzaron a salir a luz. Entonces la mujer decidió indagar en el destino de su hermano. Presentó su denuncia en 2010 ante la Fiscalía Provincial de Madrid y, en menos de un año, recibió una respuesta: el proceso se había archivado «por falta de indicios de delito».
El mismo mensaje comenzó a circular por las redes sociales, que sirvieron para conectar a muchos denunciantes.
Datos que recabaron asociaciones de afectados en registros oficiales indican que entre 1960 y 1990 se practicaron en España unos dos millones de adopciones y en muchas mediaron pagos.
Es arduo precisar los contornos de este fenómeno, pero juristas estiman que 15 por ciento, unos 300.000, pudieron originarse en robos de recién nacidos para venderlos a padres adoptivos.
La estrategia de los denunciantes en Argentina busca presentar casos de niños robados a mujeres prisioneras del régimen franquista, que habían tomado parte en la guerra civil del lado republicano.
Según Luque, se estima que unos 30.000 bebés corrieron esa suerte hasta 1952. «Después el fenómeno se vuelve incalculable», dijo.
A partir de ese año, las evidencias indican que el esquema delictivo, con participación directa de estructuras del Estado y de la influyente Iglesia Católica, se enfocó en familias numerosas y de escasos recursos y en madres solas.
«A mí esos números me dan miedo, pero quizás se quedan cortos», contestó Luque ante la cifra de 300.000. «No lo sabemos, porque pedimos a la fiscalía de Estado que nos den los datos, y no los dan».
En la búsqueda de Francisco, Luque formó la Asociación Todos los Niños Robados son También mis Niños. Este lunes prestó testimonio en representación de esa entidad y de otras ocho que reclaman por la desaparición de cientos de bebés.
Hay muchas más asociaciones de familiares en España, y no todas aceptan que sus demandas se encuadren dentro de los crímenes que se achacan al franquismo, porque consideran los hechos como delitos penales comunes, explicó.
«Pertenecemos a la causa del franquismo porque también somos sus víctimas», dijo la española, que viajó a Buenos Aires con otros afectados y sus abogados, entre ellos el argentino Carlos Slepoy, defensor de derechos humanos que vive hace años en Madrid.
En España se presentaron miles de denuncias, pero solo prosperó una, contra la monja octogenaria María Gómez, acusada de robo de niños en las maternidades madrileñas Santa Cristina y San Ramón. La religiosa fue imputada, pero falleció a comienzos de este año, dejando el juicio inconcluso.
El propósito de este viaje a Buenos Aires fue «revitalizar la causa» original sobre crímenes franquistas, que sufrió algunos tropiezos, principalmente por falta de voluntad del gobierno español, dijo Slepoy a IPS.
Ese proceso se inició en Buenos Aires en 2010, cuando dos familiares de fusilados por el franquismo presentaron una querella, apelando a la jurisdicción internacional, que se fue engrosando con nuevas denuncias y afectados.
Se trató de una respuesta de organizaciones de derechos humanos de Argentina y España a la apertura de un proceso por prevaricación en el Tribunal Supremo de España contra el entonces juez Baltasar Garzón, que había decidido investigar el paradero de unos 113.000 desaparecidos en la guerra civil y primeros años del régimen franquista.
Servini envió exhortos a España para conocer si existían procesos sobre esos crímenes y, ante la negativa, fijó fecha para su viaje a Madrid. Pero la Corte Suprema de Justicia argentina no avaló los gastos solicitados, y se optó por tomar declaraciones mediante videoconferencia.
Denunciantes y testigos iban a declarar en la sede de la embajada argentina en Madrid, mientras la jueza los interrogaría desde Buenos Aires. Pero una queja del Ministerio de Asuntos Exteriores de España frenó las audiencias.
Más allá de las trabas, el proceso en Argentina «tuvo avances importantes», estimó Slepoy. «La causa existe, tiene apoyo y es la única en el mundo que pretende investigar los crímenes del franquismo. Por eso despierta gran expectativa», aseguró.
La delegación española fue recibida en Buenos Aires con una ola de apoyos.
El miércoles 28 de agosto, la Cámara de Diputados emitió un «enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables» y apoyó el proceso iniciado en Argentina.
Luque se reunió con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, organización humanitaria que logró restituir la filiación a un centenar de hombres y mujeres, casi la cuarta parte de unas 400 niñas y niños que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que fueron secuestrados con sus progenitores, apropiados y condenados a vivir bajo una falsa identidad.
Hay que distinguir entre esos delitos y los cometidos en España, indicó Luque. En Argentina, recordó, muchos niños fueron apropiados por represores vinculados al régimen dictatorial.
En España, «los padres adoptivos pudieron haber cometido el delito de pagar, pero ignoramos si sabían que los niños eran robados». Por eso, subrayó, las denuncias no apuntan a las familias de crianza, sino a las estructuras estatales y religiosas.
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Franco, con el robo de más de 30 millones de niños, logró unas suculentas pesetas, siendo considerado como la mayor fortuna de España y parte del extranjero, gracias, entre otras cosas, a ese fructífero y enorme negocio