Reporteros sin Fronteras (RSF) celebra que la Cámara de Representantes de Uruguay haya aprobado –con 50 votos a favor y 35 en contra– la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) el 10 de diciembre de 2013. La organización reafirma su apoyo a esta ley, que considera un modelo para la región.
“La LSCA ofrece garantías importantes en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios. Este marco general será debatido por el Senado en marzo de 2014, según se tiene previsto”, señala RSF.
Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Human Rights Watch hicieron una visita conjunta a Montevideo a inicios de octubre pasado (foto exterior) en la que sugirieron algunas modificaciones al documento inicial de la ley. La mayoría de estas propuestas se incluyeron en la versión de la ley aprobada por los diputados el 10 de diciembre.
Una de las principales modificaciones tiene que ver con la prohibición a los medios de comunicación de difundir contenidos de carácter racista, discriminatorio o que inciten al odio. En nombre de la libertad de informar, este punto se aclaró con una nueva formulación que especifica la prohibición de contenidos que “hagan apología” o “inciten explícitamente” a la violencia contra un grupo de individuos o de la población debido a su origen, género, orientación sexual, edad, etc. “En ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos, sobre situaciones de violencia, sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana u otros abordajes sobre la realidad uruguaya”, precisa la ley ahora.
Siguiendo la misma lógica, se revisaron las cláusulas relativas a la protección de los derechos de los niños y la difusión de ciertos contenidos violentos, para que éstas no perjudiquen la información considerada de interés general. En este caso, se hará una advertencia previa al público. No obstante, los diputados no aprobaron que se pusiera un límite de ocho horas anuales a los mensajes difundidos en cadena nacional (cadenas), propuesto por las ONG y aceptado en octubre pasado por la Presidencia de la República. Finalmente, en lo que concierne a la publicidad oficial asignada a los medios de comunicación, que asciende a unos 85 millones de dólares al año, los representantes se pronunciaron por un proyecto de ley paralelo.
La ley estipula la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), una autoridad independiente. Pero de momento esto no será posible, pues la Constitución uruguaya prohíbe crear nuevos cargos públicos un año antes de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y la primera vuelta de estos comicios tendrá lugar el 26 de octubre de 2014.
Los representantes del Frente Amplio (izquierda, partido mayoritario) finalmente decidieron que esta responsabilidad recayera en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), organismo técnico que depende del Poder Ejecutivo, aunque éste no está de acuerdo.
El Presidente de la República se ha mostrado dispuesto a buscar una solución para el tema de la creación del CCA en el Senado.
Desde mi punto de vista, la posibilidad de seguir avanzando y evolucionando en lo que a comunicación se refiere resulta de vital importancia para la población en sus diversas esferas de acción, especialmente en aquellas relacionadas con el trabajo y con las empresas. En este sentido, la comunicación corporativa se ha transformado hoy en un factor preponderante en el funcionamiento y en el éxito de cualquier compañía, por lo cual es necesaria la participación constante de los especialistas en la materia, debidamente formados para tal fin en cursos y maestrías internacionales como las que hoy se brindan.