Jueces para la Democracia ha informado de que, según un informe de la Inspección del CGPJ sobre órganos judiciales, el 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga de trabajo.
Están particularmente afectados los siguientes tipos de órganos, que superan dicho indicador en un porcentaje sobre el total de:
- Juzgados de lo social sin ejecuciones: 97,83 %; con ejecuciones 62,37 %
- Juzgados de primera instancia: 96,95 %
- Juzgados de lo mercantil: 93,75 %
- Juzgados de familia: 53,40 %
- Audiencias Provinciales Penales: 52,22%
- Juzgados Primera instancia e Instrucción: 45,03 %
Estas conclusiones vienen avaladas por informes ajenos al CGPJ; como el recientemente elaborado por Jueces para la Democracia, que muestra que la situación de riesgos psico-sociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo: así el riesgo derivado del volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible es el riesgo psico-social más elevado y lo sufren un 92,66 % de los encuestados.
La primera conclusión que se ha de extraer de tales datos es que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador/a, pequeño/a empresario/a, miembro de una familia, o víctima de delitos está absolutamente desbordada, sostiene Jueces para la Democracia.
La razón de ello, entre otras causas, hay que achacarla la política judicial errática de los sucesivos Ministerios de Justicia que nos sitúa como país de Europa que tiene una media de jueces/habitante 10 puntos por debajo de la media europea.
El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, agrega, no ha sido una excepción: «ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno, cubriendo sólo las vacantes que se producen (muertes, jubilaciones, etc.), sin incrementar nada la dotación de personal, mientras los asuntos ingresados no han parado de crecer, entre otras consecuencias, por la crisis económica».
La segunda conclusión es que los jueces, magistrados, fiscales, y funcionarios que nutren el servicio público de justicia llevan cinco años «con una sobrecarga de trabajo insufrible, que aumenta, como es lógico, la posibilidad de errores, en temas tan sensibles como la justicia penal, social o de familia y que, además, redunda en un descenso de la calidad del servicio que se presta al ciudadano, derivado del aumento de las esperas para la resolución de sus conflictos y la satisfacción de sus derechos».
La tercera conclusión, paradójica con las dos anteriores, señala Jueces para la Democracia, pasa por las preocupantes tasas de precariedad en la Carrera judicial: el Ministerio de Justicia suprimió 1200 sustitutos y ahora 395 jueces de nuevo ingreso están sin plaza, lo que afecta doblemente a la garantía de inamovilidad y a la calidad del servicio que se presta, además de a su derecho a conciliar la vida familiar y laboral. Por otro lado, las sustituciones internas entre Jueces ha comportado, como era previsible, una demora en señalamientos de cuestiones tan sensibles como despidos, divorcios, juicios penales, etc.
Ante estas realidades, Jueces para la Democracia entiende urgente la adopción por el nuevo equipo del Ministerio de Justicia de las siguientes medidas:
Creación de 815 plazas en un horizonte temporal de 5 años, es decir 165 plazas nuevas por año. Consideran este número razonable pues si 1695 órganos judiciales están trabajando por encima del 150 %; cuanto menos habrá que crear una plaza por cada tres órganos, supliendo la tercera mediante mecanismos de refuerzo o provisión interna. Ello comporta un total de 565 plazas, a las que habría que añadir 250 plazas, contando 50 por año para cubrir las vacantes que de media se producen en la carrera judicial anualmente.
Por parte del Consejo general del poder judicial es urgente que se proceda a adoptar las siguientes medidas:
- Evaluación de riesgos psicosociales
- Fijación de una carga máxima a efectos de salud laboral: la justicia no puede seguir funcionando a costa de la salud de los que la sirven. Ello redunda en detrimento del servicio y es impropio de una democracia avanzada. Es urgente que el CGPJ fije a efectos de salud laboral un máximo de asuntos/juez al mes, a fin de que desde el momento en que se superen se activen los mecanismos precisos para reforzar el juzgado y, en cualquier caso, no pueda exigirse al juez rendir por encima de ese máximo, como está ocurriendo, pues ello es un atentado contra la salud e integridad física de los afectados.
- Adopción de medidas preventivas: prohibición de superar cargas máximas de trabajo a efectos de salud, compensaciones por exceso de jornada, convocatoria de vacantes hasta doblar el número de efectivos; evaluación de personas especialmente sensibles a riesgos psicosociales; realización de un mapa de juzgados que por su carga de trabajo y condiciones evidencien un alto nivel de riesgo psicosocial para quienes los sirvan, protocolos para que las Salas de Gobierno adopten medidas de prevención urgentes ante los casos de sobrecarga de trabajo detectados.
- Información a los posibles afectados de los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común.
- Conexión de las actuales evaluaciones médicas con los datos de juzgados que se hallen en el mapa de riesgos e información a los afectados de tal situación, adoptando las medidas preventivas pertinentes.
En cuanto a la Carrera Judicial, Jueces para la Democracia quiere reactivar la CIP y hace un llamamiento a todas las asociaciones judiciales para «abordar un período de negociaciones con el nuevo equipo del Ministerio y con el CGPJ a fin de terminar de una vez con la lacra social de la justicia lenta que sólo puede interesar a los que gozan de recursos para permitírsela y que perjudica a las clases más desfavorecidas».
