En Rusia se ha aprobado una nueva ley que tiene como objetivo controlar aun más a las ONG internacionales.
Aprobada en la Duma el 15 de mayo de 2015, la ley sobre “las ONG indeseables” permite ahora prohibir las actividades de organizaciones no gubernamentales internacionales, o que reciban dinero del exterior de la Federación, siempre que se considere que amenazan a la seguridad del Estado, la defensa nacional o el orden constitucional, escribe Maureen Demidoff en el digital Russie Info.
Este podría ser el caso de organizaciones como Greenpeace o como Memorial, la más antigua asociación rusa de defensa de los derechos humanos, activa desde los años 1980. La página de Human Rights Watch (HRW) añade que la ley sanciona igualmente a los militantes o grupos de la sociedad civil rusa que mantengan relaciones con esas organizaciones “indeseables”.
La ley permite también bloquear las cuentas bancarias de las organizaciones internacionales, mientras que las rusas que reciban fondos de esas indeseables deberán “rendir cuenta” (sic) de sus actos.
Para aprobar la ley los diputados de la Duma han invocado la necesidad de frenar a “las organizaciones destructoras” que trabajan en Rusia, donde pueden amenazar “los valores del estado ruso” y fomentar las “revoluciones de colores”, aludiendo a los nombres dados a los levantamientos populares que en los últimos años han tenido lugar en varias antiguas repúblicas soviéticas.
Según el diputado Alexandre Tarnavski, ponente de la nueva ley, “se trata de una medida preventiva y nadie tiene ganas de aplicarla”; y explica que era necesaria tras las sanciones occidentales contra Rusia del año 2014 como consecuencia de la actuación del gobierno Putin en los enfrentamientos en Ucrania entre nacionalistas y pro-rusos, y la escisión de Crimea, territorio ucraniano convertido el 18 de marzo de 2014 en República de Crimea y anexionado a la Federación de Rusia: “La ley es una medida de disuasión para que las empresas que están aquí para hacer negocios hagan solo negocios y no se metan en política”, ha añadido.
Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos han condenado la ley desde que era solo un proyecto: «es la forma represiva más reciente contra las ONG y, de hecho, convierte en infracciones actividades legales y atenta contra la libertad de expresión y asociación, según John Dalhuisen, director del Programa Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Para HRW, el procedimiento para declarar “indeseable” a una organización no está nada claro, no existe recurso alguno para protestar o sacar a una organización de la lista, y además la decisión tiene efectos inmediatos y se toma sin ninguna advertencia. Además, recuerda que para los rusos que trabajan o se impliquen en las organizaciones «indeseables» están previstas sanciones administrativas, procedimientos penales, cuantiosas multas que pueden llegar hasta medio millón de rublos (unos 9000 euros) e incluso condenas de hasta seis años de cárcel.
La información de russie.info añade que la nueva ley viene a completar otra aprobada en 2012 que obliga a registrarse como “agentes extranjeros” a las ONG que reciben financiación internacional y tienen “actividad política”. Una ley que según Hugh Williamson, director de la división Europa y Asia Central de HRW, “tenía el objetivo de demonizar a cerca de 60 organizaciones, entre ellas los principales grupos que defienden los derechos humanos en el país. Varias de ellas optaron por poner fin a sus actividades, antes que calificarse como agentes extranjeros”.
