La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España aprobó, el 4 de octubre de 2016, una proposición no de ley relativa a la concesión de la nacionalidad a los saharauis, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que se dirigirá al Gobierno que se constituya para sustituir al actual en funciones.
Según ha informado a periodistas-es la diputada de Esquerra Republicana Ester Capella i Farré, la proposición se presento el pasado mes de septiembre de 2016 para modificar el artículo 22 del Código Civil y poder incluir a los saharauis entre las personas que pueden adquirir la nacionalidad española mediante un plazo privilegiado de dos años de residencia.
En la tramitación se reconocerá de forma expresa la validez de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui Democrática para probar los hechos que dan derecho a la nacionalidad española.
La diputada Ester Capella sostenía en la motivación de la propuesta que «el Estado español mantiene todavía un vergonzoso olvido al no reconocer la vinculación especial que han mantenido con el Estado los territorios saharauis y, en consecuencia, asimilar a sus ciudadanos y ciudadanas en el Código Civil a los de los territorios reconocidos en el artículo 22 por la vinculación histórica con el Estado español».
La diputada de Esquerra recordaba que la colonización sobre el Sahara comenzó en 1884, proclamando un protectorado en la costa de Saguia el Hamra. Mediante los acuerdos de 1900, 1904 y 1912 definirá las fronteras de las tierras colonizadas con Francia, la potencia dominante en la zona al tener bajo control Marruecos, Argelia y Mauritania. A pesar de ello, la ocupación efectiva de todo el territorio saharaui no será hasta 1936. La entrada del Estado español en las Naciones Unidas en 1955 comportará la aceptación de los principios de descolonización establecidos. No obstante, el Estado español irá dilatando el proceso hasta que en 1965 es invitado a iniciar los trámites de descolonización y las partes reconocen el derecho de autodeterminación.
El camino hacia la independencia se establece por fases, siendo la primera de ellas un proceso de Autonomía que debía culminar en el Referéndum para la autodeterminación en 1975. En este período, se produce una movilización del pueblo saharaui, que será cruelmente reprimida por las fuerzas de ocupación españolas. Será en este contexto cuando se crea el Frente por la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, en 1973. En mayo de 1975, una Comisión de Encuesta de la ONU visita los territorios saharauis, comprobando los deseos de independencia y el miedo a las ansias anexionistas de Marruecos y Mauritania. Dichos temores se verán confirmados en noviembre de 1975, cuando se produce la invasión mauritana y la «Marcha verde» marroquí acompañada de crueles bombardeos aéreos contra la población civil cuando intentaba huir.
El 14 de noviembre de 1975, en los últimos días de la dictadura de Franco, se firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid, según los cuales, el territorio del Sahara Occidental es repartido entre Marruecos y Mauritania. Estos acuerdos serán posteriormente modificados de facto cuando, en agosto de 1979, Mauritania firma un Acuerdo de paz con el Frente Polisario y se retira de los territorios ocupados, que serán anexionados entonces por Marruecos. Como consecuencia de los Acuerdos de Madrid, el Estado español abandona definitivamente el Sahara el 26 de febrero de 1976. El día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario, proclama la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por la OUA y por diferentes Estados.
Los 175 000 saharauis huidos después de la invasión mauritano-marroquí se establecen como refugiados en la zona desértica e inhóspita de Hamada en la región argelina de Tindouf, que se ha convertido en un enorme campo de refugiados desde hace más de 30 años. Las personas refugiadas sobreviven gracias a la cooperación internacional y a la estructura político-social creada y gestionada por el Frente Polisario. El pueblo saharaui permanece esperando la celebración del referéndum en un proceso dilatado deliberadamente por Marruecos y ante la pasividad de una comunidad internacional que no quiere alterar los equilibrios estratégicos regionales.
El Estado español tiene una responsabilidad histórica y una deuda moral con la población saharaui y la RASD confía en el papel protagonista que debe desarrollar en el proceso hacia la independencia saharaui. Tres décadas más tarde de la descolonización española y de la creación de la RASD es hora que el Estado español asuma sus responsabilidades. Y especialmente en un momento en que la represión marroquí se acentúa y la paciencia saharaui se agota. Más allá de las responsabilidades con la RASD, el Estado español tiene unas responsabilidades con una ciudadanía saharaui que hasta el año 1975 tenían la nacionalidad española, en tanto que integrantes de la llamada provincia 53.
El intento de resolver esta cuestión mediante el Real Decreto 2258/1976 por el que se establecía el plazo de un año para que los saharauis pudieran adquirir la nacionalidad española compareciendo ante el correspondiente juez del Registro Civil, en el fondo supuso la sustracción de la nacionalidad española a ciudadanos y ciudadanas que la tenían de origen. De hecho el Código Civil ni siquiera reconoce el plazo de dos años de residencia que se aplica a nacionales originarios de países que han mantenido una histórica relación con el Estado español, como son los países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o, incluso, Portugal.
Es más, finalizaba la exposición de motivos presentada por la diputada Ester Capella, la ciudadanía saharaui se encuentra en la injusta paradoja de tener más dificultades que otros países para adquirir la nacionalidad española ya que la Dirección General de los Registros y del Notariado no reconoce la validez de los certificados expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, pese al reconocimiento internacional de la RASD, incluyendo la representación que mantienen ante la Unión Africana, la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas.
Atendiendo a estas motivaciones, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España aprobó la iniciativa por unanimidad, incluyendo al PP que anteriormente había rechazado esta posibilidad, y en consecuencia estamos ante un mandato parlamentario para que el Gobierno proceda a las modificaciones legales necesarias para permitir el acceso a la nacionalidad de los saharauis.
En Esquerra Republicana señalan que, aunque en teoría un próximo gobierno del PP debería cumplir esta proposición no de ley, en la práctica acostumbran a desoir los mandatos parlamentarios y no hay mecanismos legales para obligar al Gobierno a acatarlos.
No obstante, si finalmente hay Legislatura por la abstención del PSOE para facilitar un gobierno de Mariano Rajoy, Esquerra Republicana aprovechará la tramitación de alguna Ley que consideren oportuna para incorporar este mandato parlamentario como texto articulado, es decir, como Ley que obligue a su cumplimiento general. En caso de que no hubiera Legislatura, el mandato parlamentario decaería y deberán volver a presentar la iniciativa en la próxima Legislatura.
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[…] Fuente y foto: Periodistas en español […]