¡Por fin! Las mareas blancas, las movilizaciones en Avaaz y Change.org, las firmas en los Centros de Salud y Hospitales, las acciones promovidas por Asociaciones de Vecinos, la presión ciudadana constante durante más de un año, han conseguido que Ignacio González se haya visto obligado a cancelar para siempre la privatización de la gestión sanitaria en los seis hospitales construidos por Aguirre con este fin, que comenzó con la gestión administrativa concedida a los constructores de esos hospitales. La reducción de las seis áreas sanitarias de la CAM a un área única fue la operación intermedia para facilitar la privatización.
El fin de la privatización ha sido el fin de Lasquetti, quien recibió de la CAM el encargo de organizar y poner en marcha la privatización de la gestión sanitaria. Sin privatización, los servicios de su artífice no son ya necesarios. Así que a casa.
Ahora sabemos oficialmente lo que ya sabíamos oficiosamente. Los contratos con las empresas ptrivadas estaban firmados desde hacía tiempo. De ahí el empecinamiento de González en querer hacer comulgar con ruedas de molino a la ciudadanía. Ahora parece que las contratadas van a reclamar indemnizaciones a la CAM por incumplimiento de contrato. Está claro que al gobierno de la CAM lo que le interesaba era el suculento pastel de la privatización, no le interesaba en absuluto optimizar la gestión pública para mantener su sostenibilidad en estos tiempos tan cambiantes. Bonita combinación. Fraude a la ciudadanía, ineptitud en la acción de gobierno, destrucción de un bien público que es una de las banderas de la sociedad del bienestar. Lasquetti a la calle –ya no es necesario- ¿Y González? A la calle también. Ahora lo que hay que pedir es su dimisión con mareas blancas, movilizaciones y firmas.
Pero la pregunta del millón es: ¿Cómo es posible que no exista una ley que impida privatizar un bien público, como sanidad, educación, etc., a cualquier gobierno? Que un gobierno a cualquier nivel pueda siquiera planteárselo es un absurdo total, algo que escapa a la comprensión lógica. La sanidad pública es un bien que se ha ido construyendo y perfeccionando a lo largo de años. ¿Cómo es posible que un gobierno, el que sea, pueda permitirse de un plumazo, porque sí, privatizar ese bien público en hospitales y centros de salud, cediéndole a empresas privadas, porque sí, sin dar información pormenorizada del porqué, para qué, etc.? Está claro que esa información era precisamente lo que el gobierno de la CAM no podía permitirse divulgar.
Urge una ley de protección de los bienes públicos, que asegure su derecho de uso a los ciudadanos de forma universal e igualitaria, sin distinciones ni exclusiones. Una ley que mencione expresamente que ningún gobierno pueda disponer de forma arbitraria de esos bienes, que el compromiso a mantenerlos, optimizarlos y mantener eficazmente su gestión pública tenga carácter obligatorio. Eso es lo da credibilidad democrática a cualquier gobierno. Algo que el actual gobierno de la CAM ha perdido por completo, porque lo que ha intentado hacer, por cualquier medio, es una mala práctica en el uso de las competencias transferidas por el gobierno de España. Con una ley de protección de los bienes públicos, ésta y cualquier otra malpraxis debería implicar la retirada de esas transferencias, para, simplemente, proteger los usos y credibilidad democráticos. Transferir competencias conlleva la responsabilidad de su gestión. Si ésta se ejerce abusivamente, no puede significar otra cosa que incompetencia para asumir esa responsabilidad. Y si el gobierno de España no lo hace, compete a la ciudadanía exigirla. Tanto gobernantes a cualquier nivel como legisladores son en democracia los representantes de los ciudadanos, son elegidos para que los representen. Así que si en algún momento abusan de esa representación, la ciudadanía tiene el derecho de exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades. Si tiene que ser en la calle, pues en la calle.
En la calle. Como han demostrado y conseguido en este caso los ciudadanos de la CAM como usuarios de la sanidad pública.
