En el marco del Día Internacional de la población indígena se llevan a cabo actividades con propósitos loables, como es el caso del Congreso de líderes comunitarios para unificar las visiones sobre un nuevo modelo de Estado.
También hubo algunos comunicados internacionales que abordaron la problemática que afecta a esa parte de la humanidad en nuestro continente.
Amnistía Internacional indicó que a diario los pueblos indígenas sufren abusos, discriminación, intimidaciones, agresiones e intentos de asesinato en todos los países de América, debido a su lucha por la defensa de sus derechos.
En Guatemala, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en México en marzo de 1995, consideró que dicha identidad y derechos constituyen un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala; por primera vez se reconoció que a raíz de su historia: conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.
Asimismo, quedó asentada una crítica a los niveles de discriminación, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua y que, como muchos otros sectores de la sociedad guatemalteca, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social.
Que en Guatemala, dice el Acuerdo, será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconocen, en todos sus aspectos, la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido. Los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos.
Los derechos culturales, el idioma, como uno de los pilares sobre los que se sostiene la cultura, vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, el derecho pleno al registro de nombres, apellidos y toponimias, medidas contra la discriminación por razón étnica, la importancia de la espiritualidad como componente esencial de la cosmovisión, son aspectos también plasmados en ese Acuerdo poco valorado y no reivindicado.
Se reconoce el papel que los medios de comunicación tienen en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales e impone al Gobierno la promoción del respeto y difusión de las culturas indígenas, la erradicación de cualquier forma de discriminación y la contribución a la apropiación por todos los guatemaltecos de su patrimonio pluricultural. Indica que esta tarea también corresponde a todos los que trabajan e intervienen en el sector de la comunicación.
Desafortunadamente, ese compromiso aún no ha sido honrado por los gobiernos, en cuanto a abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y, mucho menos, el de promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la ley, con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación.
Irónicamente, lo que se hizo fue reformular la Ley de Radiocomunicaciones, pero para favorecer una y otra vez a quienes ya poseen medios, negando a la población indígena el derecho al acceso a frecuencias radiales, ya que se adquieren en la modalidad de subastas, mecanismo que prioriza criterios económicos para las asignaciones que lo hace inviable para esas comunidades.
