Este martes, 15 de marzo de 2016, se cumplen cinco años desde que unas protestas pacíficas en Siria fueran brutalmente reprimidas por el gobierno de Bachar Al Asad, dando lugar al conflicto armado más grave de la región, y Amnistía Internacional (AI), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Save the Children y Oxfam Intermón han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que proteja a la población civil y tome medidas para acabar con la impunidad por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por ambas partes del conflicto.
MSF: hospital de Maarat al Numan, en Idlib, Siria, antes y después del ataque.
Las cifras que aportan estas organizaciones son demoledoras:
- Millones de sirios sufren las consecuencias de la crisis: más de 250.000 personas han perdido la vida de manera violenta, según la ONU.
- Más de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, incluidos alrededor de siete millones de personas dentro de Siria y más de 4,7 millones que actualmente se refugian en el extranjero, la mayoría en países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania. Decenas de miles de personas refugiadas sirias también han huido a Europa, a menudo arriesgando sus vidas en el proceso.
- Hay 7.5 millones de niños y niñas afectados por el conflicto de Siria. Muchos de ellos han visto sus hogares destruidos por las bombas, han asistido a la muerte de familiares o han tenido que abandonar su hogar convirtiéndose en desplazados internos o en refugiados.
- Casi 500.000 personas, entre ellas 250.000 niños y niñas viven en areas sitiadas dentro de Siria, sin acceso a comida, agua potable o medicamentos y con miedo costante a los bombardeos.
- Los servicios de inteligencia y otras fuerzas gubernamentales continúan empleando la tortura a una escala masiva. Miles de personas han muerto bajo custodia desde 2011 debido a la tortura y otros factores, como la falta de alimentos y de acceso a atención médica
Mientras tanto, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son práctica generalizada. Las fuerzas gubernamentales han bombardeado reiteradamente zonas civiles empleando armas de efectos indiscriminados, como bombas de barril, han bombardeado escuelas y hospitales y han sometido áreas controladas por la oposición a largos asedios, privando a la población de alimentos, medicinas y otros artículos básicos. Además, los grupos armados como el autodenominado Estado Islámico o Yabhat al Nusra también han bombardeado zonas civiles, secuestrado y torturado a personas consideradas opositoras, y sometido a asedio a áreas civiles.
Las organizaciones insisten en que la comunidad internacional no ha hecho todo lo necesario para poner fin a esta situación, a pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en 2014 tres resoluciones (la 2139, la 2165 y la 2191) que exigían la adopción de medidas para garantizar la protección y la asistencia de la población civil en Siria.
El alto el fuego declarado el 26 de febrero podría aliviar el sufrimiento de millones de personas, pero no parece que vaya a extenderse a todo el territorio, por lo que es necesario actuar para asegurar que:
- Todas las partes del conflicto ponen fin a los ataques contra la población civil, así como a los ataques desproporcionados e indiscriminados.
- Se pone fin a los asedios que están bloqueando el acceso de población civil a comida, ayuda médica y otros servicios esenciales.
- Se permite a Naciones Unidas el acceso de la ayuda humanitaria.
- Se libera a todas las personas detenidas o secuestradas por el ejercicio pacífico de sus derechos.
Las organizaciones también recuerdan que los suministros de armas y munición en Siria se han usado para cometer serias violaciones de derechos humamos y que la participación de ejércitos extranjeros está empeorando la situación en terreno, como ha sucedido con los ataques aéreos rusos en apoyo al gobierno de al Asad que han matado a cientos de civiles y han impactado en centros médicos. Por ello, las organizaciones reclaman al Consejo de Seguridad que imponga un embargo de armas al gobierno sirio que complemente al ya existente sobre grupos armados como el denominado Estado Islámico y al-Nusra.
“Sabemos que mientras hay impunidad, los conflictos se perpetúan. El Consejo de Seguridad debería remitir la situación de Siria de una vez por todas al Tribunal Penal Internacional, así como imponer sanciones selectivas, como la congelación de los bienes del presidente Bashar al Assad y de otras personas que puedan estar implicadas en ordenar o perpetrar crímenes de derecho internacional”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Asimismo, la comunidad internacional debe hacer frente a sus responsabilidades y reasentar al menos al 10 % del total de la población refugiada siria a finales de 2016, tal y como está solicitando el ACNUR. “Particularmente Europa tiene que reforzar su compromiso de resolver la crisis de personas refugiadas, en vez de intentar acabar con el derecho de asilo y poner a más personas en peligro, como podría ocurrir si se aprueba el nuevo acuerdo de la Unión Europea con Turquía presentado el pasado 7 de marzo”, ha señalado Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
“Si no se toman medidas de forma urgente, se corre el riesgo de perder a toda una generación de niños y niñas en Siria, donde cinco años después del inicio de la crisis más de dos millones de menores no van a la escuela”, ha asegurado Andrés Conde, director general de Save the Children.
“La financiación de la respuesta humanitaria no ha estado a la altura de las necesidades y ni siquiera se ha cubierto la mitad de la petición de la ONU registrada para 2015 de 8.400 millones de dólares para ayudar a la población siria. No puede haber más excusas cuando millones de personas están en una situación desesperada. España, en su rol en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe tener un papel proactivo para lograr un acuerdo político, mejorar el acceso humanitario y dotar con más fondos la respuesta internacional. Su implicación con la población siria también pasa por aumentar la cuota de refugiados que debe asumir el Gobierno a través de su programa de reasentamiento. Hasta la fecha no ha llegado ninguna de las 845 personas a las que se comprometió”, añade Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política de Oxfam Intermón.
