La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) acaba de presentar un informe especial sobre Mujeres en reclusión. Durante el acto, el “ombudsman” nacional, Raúl Plascencia Villanueva, denunció el hacinamiento, las restricciones, y las carencias que sufren las 11.900 internas procesadas y sentenciadas que se encuentran actualmente recluidas en las cárceles del país, lo que les impide el efectivo ejercicio de sus derechos humanos.
Plasencia señaló que de 1997 al mes de junio de 2012 se observó un crecimiento de 167,62 % de la población femenina, y en la actualidad hay una sobrepoblación que va del 12 al 97% en algunos centros.
La investigación confirma que, en las acciones y tendencias de la planeación y uso de los espacios penitenciarios en México, no se contempla de manera específica y clara la situación de las mujeres a fin de garantizarles una estancia digna, segura y separada de los hombres, como lo establece la Constitución. Por ser considerablemente más numerosa la población masculina, la infraestructura de los centros donde se encuentran recluidas carece de equipamiento y condiciones propias para la atención de sus necesidades.
Así, han observado que no existe una adecuada o correcta separación de hombres y mujeres, particularmente en las áreas de ingreso, observación y clasificación; las internas no tienen acceso a los servicios médicos ni a las instalaciones, como patio, aulas, talleres y áreas deportivas.
En la mayoría de establecimientos que alojan población mixta, la atención médica es deficiente, puesto que no existen instalaciones específicas para mujeres, ni personal médico especializado; ello implica que las mujeres sean atendidas, si es el caso, en el mismo lugar que los varones.
Tal situación la sufren también sus hijos menores de edad que viven con ellas en prisión; de los registros con los que cuenta este organismo nacional se desprende que, hasta el mes de noviembre de 2012, en los diversos establecimientos penitenciarios en los que hay mujeres se detectó una población de 377 menores de edad y 48 internas embarazadas.
El “ombudsman” señaló que en tales instalaciones, cuando las autoridades efectúan cateos o revisiones les obligan a permanecer en ropa interior frente a los oficiales, situación que también se lleva a cabo cuando acuden a los juzgados. Igualmente se observó que en 47, de los 69 centros de reclusión que albergan población mixta, existe un régimen de autogobierno, lo que pone en riesgo la seguridad e integridad de las mujeres internas y la del personal.
En el informe se hacen nueve propuestas a los 31 gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al Comisionado Nacional de Seguridad, a fin de que se asignen recursos y se diseñen políticas penitenciarias encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura con un enfoque de género, al efecto de que la reclusión de las mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados de los hombres.
Entre las propuestas figura algo tan básico como poder contar con instalaciones apropiadas para la atención médica y espacios para niños, así como adoptar medidas para que las internas reciban un trato respetuoso y digno. También se pide instrumentar un programa de formación permanente en materia de derechos humanos para el personal directivo, técnico, administrativo y de vigilancia, de todos los establecimientos penitenciarios del país.
El Ombudsman nacional señaló que en tales instalaciones no se garantiza el respeto al debido proceso en la imposición de correctivos disciplinarios, las sanciones no se notifican por escrito e inclusive contemplan la suspensión de visita familiar e íntima como medida correccional.
Otras propuestas son:
- Contar con instalaciones apropiadas para la atención médica, con espacios que permitan el desarrollo infantil, y propicias para el tratamiento de las internas, tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las de sus hijas e hijos.
- Adoptar las medidas pertinentes para que las internas reciban un trato respetuoso y digno atendiendo sus necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado.
- Instrumentar un programa de capacitación permanente para personal directivo, técnico, administrativo y de custodia de los establecimientos penitenciarios federales, estatales y municipales en materia de derechos humanos, prevención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; uso racional de la fuerza y manejo de conflictos para atender contingencias o motines en esos establecimientos.
- Establecer programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación.
- Elaborar, a la brevedad, los manuales de procedimientos necesarios, para regular la aplicación de medidas disciplinarias, en las que se respeten los derechos humanos, las reglas del debido proceso, en particular los de audiencia y defensa, y contar con el apoyo de intérpretes y traductores para las mujeres indígenas.
