Indignación en Israel, celebración en Sudáfrica y rechazo en Estados Unidos son algunas de las primeras reacciones en la escena internacional por la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dictada este jueves 21 por la Corte Penal Internacional (CPI), informa la IPS desde Naciones Unidas.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenó la detención de Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y de Mohammed Mohammed Deif, comandante de la milicia palestina Hamás -a quien Israel da por muerto- bajo cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.
En Israel, tanto el gobierno como la oposición parlamentaria se declararon indignados por la medida y la oficina del primer ministro calificó la orden del tribunal como «antisemita», por lo que «rechaza categóricamente las mentiras absurdas y falsas» en las que sustentó su decisión el tribunal en La Haya.
Sudáfrica, que denunció a Israel ante la Corte por la presunta comisión de genocidio en la Franja de Gaza, celebró que se dictasen las órdenes de arresto, considerándolas «un paso significativo hacia la justicia».
En una declaración, el Gobierno sudafricano «reafirma su compromiso con el Derecho Internacional y urge a todos los Estados parte a actuar conforme a sus obligaciones dentro del Estatuto de Roma», lo que obliga a los más de 120 países firmantes a detener a Netanyahu y Gallant en cuanto pongan un pie en su territorio.
Estados Unidos, que no reconoce a la CPI y es el gran valedor internacional de Israel, declaró su rechazo categórico a la decisión de ese tribunal.
«Seguimos profundamente preocupados por la precipitación del Fiscal (de la CPI., Karim Khan) a la hora de solicitar órdenes de detención, y por los preocupantes errores de proceso que han llevado a esta decisión», declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Washington.
Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, cuyos veintisiete Estados sí reconocen a la CPI, recordó que la orden es vinculante para el bloque. «No es una decisión política, es de un tribunal de justicia internacional, y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse», afirmó.
En América Latina hubo reacciones divididas. El presidente argentino Javier Milei, quien alinea su política exterior con Washington y Tel Aviv, mostró su «profundo desacuerdo» con las órdenes de la CPI, pues «se ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas».
En cambio el mandatario izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de la red social X que «es lógico que la CPI ordene detener a un genocida como Netanyahu».
Europa «debe recobrar su independencia en la política internacional y actuar para cumplir la orden judicial», advirtió Petro, y en Estados Unidos «si (el presidente Joe) Biden desconoce esta orden, simplemente conduce al mundo a la barbarie».
También la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) saludó la decisión de la CPI porque «recuerda al mundo que nadie está por encima de la ley», según dijo su director de justicia internacional, Balkees Jarrah.
El movimiento islamista Hamas, cuyo ataque sobre el sur israelí el 7 de octubre de 2023 desató la ofensiva militar de Israel sobre la palestina Franja de Gaza, consideró que la CPI debió extender la orden de detención a otros dirigentes del Estado hebreo.
Su comandante Deif, contra quien la Corte libró la tercera orden de arresto, habría perecido durante un bombardeo israelí el pasado julio.
Más de trece meses de conflicto han dejado del lado israelí cerca de dos mil muertos -1200 en la incursión de octubre y centenares de soldados caídos luego en combate- y del lado palestino unos 44.000, y más de cien mil heridos. La inmensa mayoría de las víctimas son civiles, y más de mitad niños y mujeres.
La confrontación, marcada por los bombardeos y ataques de las fuerzas israelíes, ha destrozado materialmente la Franja de Gaza, un enclave junto al Mediterráneo de 365 kilómetros cuadrados y 2,3 millones de habitantes, que a duras penas sobreviven en medio de la inseguridad y la escasez de alimentos, agua y servicios esenciales.
Los jueces de la CPI encontraron «motivos razonables» para creer que Netanyahu y Gallant «son responsables penalmente, como coautores, del crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».
Además «tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil. Las atrocidades se habrían perpetrado al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024».
Deif, en la acera contraria, sería responsable de «crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de los crímenes de guerra de asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal y violación, y otras formas de violencia sexual».
Durante el ataque de octubre de 2023 los milicianos de Hamas tomaron unos 250 rehenes. Parte de ellos fueron liberados mediante intercambio de prisioneros, otros perecieron en cautiverio, y varias decenas aun estarían en manos de sus captores.
Mientras se difundían la información y reacciones sobre las órdenes de detención dictadas por la CPI, continuaban las operaciones militares de Israel sobre posiciones de milicias enemigas y espacios civiles en Gaza –visitada por el propio Netanyahu esta semana-, y en dos países vecinos, Líbano y Siria.
