En una democracia, es legítimo que la ciudadanía demande a los gobernantes acciones efectivas, que reivindique derechos, presente reclamos, exija el cumplimiento de la ley, de los deberes de las autoridades y de las promesas de campaña.
Estas peticiones son las que usualmente se repiten, dado que no hay respuestas inmediatas y efectivas a tantas urgencias.
Muchas organizaciones sociales diseñan estrategias para hacerse escuchar, dependiendo de sus condiciones, particularmente las económicas, ya que quienes tienen recursos, pueden movilizar a sus bases como demostración de la fuerza que los respalda. Cuando estas marchas colisionan con otros derechos amparados en la ley, la reacción de los afectados es adversa a lo que los manifestantes pretenden. Otros actores sociales tienen para pagar espacios en los medios publicando sus demandas; algunos pocos tienen un flujo de caja abundante para realizar, con frecuencia, eventos en hoteles, lo que redunda en una presencia permanente de sus posturas en la opinión pública, a través de las coberturas informativas.
Ciertos actores sociales son fuente de información y consulta permanente de las y los reporteros, por la información y análisis que producen. Sin embargo, con excepciones, todo este activismo social pocas veces logra el objetivo estratégico que pretende, es decir, que en las esferas de decisión se incluyan sus propuestas.
En este marco, el Foro Guatemala se reunió, la semana anterior, con el presidente de la República, en un ejercicio democrático que busca que el actual gobierno tome en cuenta sus puntos de vista e incorpore en la agenda de su administración, en lo poco que le queda ya de ejercicio del poder, aspectos que consideran decisivos para que se avance en temas que constituyen puntos sensibles que tienen la posibilidad de provocar conflictividad social.
El Foro propuso siete temas, entre ellos la transparencia de compras públicas, un aspecto que ha colocado a Guatemala en una lista de países poco cristalinos, es decir, en donde hay signos de corrupción, un tema recurrente en las conversaciones de la gente que tiene cierto acceso a la información, cuya principal crítica es la ausencia de explicaciones creíbles y sustentadas, para desvanecer tantas dudas sobre los negocios y decisiones tomadas desde el ejecutivo.
Los señalamientos directos que se han publicado en reportajes, las denuncias sobre decisiones que se transmiten a los subordinados, o por lo menos que ellos aducen que recibieron, ameritan respuestas contundentes y no evasivas, para demostrar la falta de veracidad de tan serias acusaciones. Con discursos no se convence, solo con acciones.
Otro punto demandado es el referido al fortalecimiento de la institucionalidad civil en materia de seguridad, reclamo colectivo que todos compartimos, especialmente en áreas urbanas y que debería traducirse en el cumplimiento de la principal oferta de campaña que ha generado pérdida de credibilidad en el gobierno. La agenda propuesta también aborda la reforma educativa, una política inclusiva de diálogo y exige despolitizar los programas sociales, para evitar deslegitimarlos.
Pero el citadino Foro Guatemala olvidó mencionar de manera explícita un problema esencial del país, la pobreza, que tiene “rostro rural, de mujer e indígena” (Pnud). Es cierto que pidió la despolitización de los programas sociales, que efectivamente los desnaturalizan, pero combatir con decisión este flagelo requiere mucho más que sólo programas de protección social.
