Las autoridades de Texas han ejecutado hoy al ciudadano mexicano Edgar Arias Tamayo
Esta ejecución ha supuesto una nueva vulneración de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el denominado caso Avena, que ordenaba revisar los casos de ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos violando su derecho a la asistencia consular.
Edgar Arias Tamayo, quien entonces tenía 26 años, fue detenido el 31 de enero de 1994 y acusado del asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis. Tenía derecho a recibir asistencia consultar “sin retraso alguno”, conforme establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pero las autoridades estadounidenses no le notificaron ese derecho, y las mexicanas no tuvieron conocimiento del caso hasta una semana antes del juicio.
En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Sin embargo, los tribunales no lo tuvieron en cuenta.
En septiembre de 2013, el secretario de estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador Perry para instarle a que no se fijara la fecha de ejecución de Edgar Tamayo. La carta reiteraba que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y que el fijar esta ejecución sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, y “podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.
En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Estados Unidos que no ejecutara a Edgar Tamayo mientras la Comisión examina sus alegaciones de “discapacidad intelectual” y el impacto de la violación de la Convención de Viena sobre su caso.
Hay más casos
El 31 de Marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 ciudadanos mexicanos, incluido Edgar Tamayo, condenados a muerte en Estados Unidos. La CIJ ordenó a Estados Unidos someter a “revisión y reexamen” judicial las condenas para determinar si la defensa de estos hombres se había visto perjudicada por esta violación.
Tras la ejecución en Texas, en mayo de 2008, de José Medellín, una de las personas cuyo caso estaba amparado por la CIJ, México recurrió nuevamente a la Corte, que en 2009 confirmó su resolución original y constituía para Estados Unidos una obligación que “debe cumplirse incondicionalmente; su incumplimiento constituye una conducta internacionalmente indebida”. Según la CIJ, Estados Unidos no podía oponer como excusa al cumplimiento de la sentencia ningún aspecto de su derecho nacional, como ha hecho Texas para cometer estas ejecuciones.
A pesar de esta ratificación, en julio de 2011 fue ejecutado en Texas Humberto Leal, otro mexicano cuyo caso estaba amparado por la sentencia de la Corte.
Por todo ello, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades estadounidenses a cumplir a la brevedad con la sentencia de la CIJ y garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la defensa y a un juicio justo, de todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte en Estados Unidos.
La organización recordó que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el Estado donde ocurrieron la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad ser sentenciados a pena de muerte. Desde que asumió el cargo el actual gobernador de Texas, Rick Perry, en el año 2000, se ha ejecutado a más de 250 personas en ese estado.
Además, Amnistía lanzó una campaña de recogida de firmas para pedir la suspensión de la ejecución de Edgar Tamayo, que tampoco ha conseguido salvarle de la inyección letal.
Esta organización se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.358 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Texas ha sido responsable de 508 de estas ejecuciones, y de 16 de las 38 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos este año.
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Para mi, no hay difrencia entre quien comete asesinato y quien aplica la pena de muerte: ambos son asesinos. La sociedad castiga al primero y premia al segundo. Nada más.
¡Horrendo!
En justicia las sociedades son como un péndulo. En Chile, el impacto de las violaciones a los DD.HH. en su historia reciente, ha repercutido en que hoy creemos tener leyes y procedimiento penal en que los victimarios tienen demasiadas garantías y son las víctimas las menos protegidas, en comparación.
Y la pena de muerte, ojalá no existiera en ninguna parte, pero sí, a la vez, la sanción efectiva máxima posible, por debajo de esa otra, sin manipulaciones.
La situación de los discapacitados intelectuales, psíquicos, y otros, es un tema diferente; pues ellos o no distinguen el bien del mal, carecen mentalmente de los límites y controles de conducta de alguien normal y/o están esclavizados en sus propias mentalizaciones por alucinaciones torturantes, terroríficas y absolutamente fuera del control de su voluntad, cuando padecen patologías conocidas y descritas, las que pueden ser verificadas por expertos. Antes que condena penal, necesitan ayuda y rehabilitación de ser posible; si es que la sociedad analiza el tema con la idea de humanidad y civilización moderna.