La Asociación Jueces para la Democracia en España ha informado de que con posterioridad al intento de golpe de estado ocurrido en Turquía, han recibido noticias sobrecogedoras de sus colegas jueces y fiscales, incluidos los miembros de la asociación profesional YARSAV, y han pedido la intervención del Gobierno español.
Tras los recientes sucesos, el Consejo Superior de Jueces y Fiscales de Turquía ha suspendido de sus funciones a 2745 jueces y fiscales. Además, al menos doscientos de esos jueces y fiscales, así como un juez del Tribunal Constitucional, han sido objeto de detención y encarcelamiento: «En estos momentos no tenemos noticias de algunos los compañeros de YARSAV, y en otros, han sido sus cónyuges y familiares quienes nos han informado de su detención», señala JPyD.
Para esta organización, «la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces/as y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas decisiones. Sin lugar a dudas, las mismas se incardinan en los intentos durante estos últimos meses de desestabilizar e incluso depurar la Judicatura y la Fiscalía por parte del presidente Erdogan».
En su momento, Jueces para la Democracia, como miembro de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), organización que reúne a numerosas asociaciones profesionales de jueces/as y fiscales en Europa, incluyendo Turquía, ya habían informado a la autoridades de la Unión Europea, como organización fundada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho, de los repetidos ataques a la independencia judicial en Turquía, «máxime si tenemos en cuenta el Acuerdo suscrito por la UE con este país para poner término a la migración irregular y el papel de garante de los derechos humanos de los refugiados confiado al poder judicial».
Cos estos datos, JPyD ha dirigido una carta al presidente en funciones del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la que se declaran «profundamente preocupados por la situación personal y profesional de nuestros colegas», e instan al Gobierno en funciones de España para que intervenga ante las autoridades turcas así como ante las autoridades europeas «con el fin de que se ponga fin a esta injusta situación y se respete escrupulosamente la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho».
