Los derechos humanos corren peligro en Turquía tras el sangriento golpe de Estado perpetrado el viernes, 15 de julio, que se saldó con la muerte de al menos 208 personas y casi 8000 detenciones, señala Amnistía Internacional.
Varias autoridades gubernamentales han propuesto restablecer la pena capital para castigar a los autores del fallido golpe de Estado. Amnistía Internacional está investigando informes según los cuales personas detenidas en Ankara y Estambul han sufrido una serie de abusos, incluidos malos tratos bajo custodia y privación de acceso a un abogado.
“El gran número de detenciones y suspensiones desde el viernes es alarmante y estamos siguiendo la situación muy de cerca. El intento golpista desencadenó una oleada de violencia terrible y los responsables de homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia, pero reprimir la disidencia y amenazar con restablecer la pena de muerte no es justicia”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Pedimos a las autoridades turcas que muestren contención y respeto al Estado de derecho a la hora de realizar las investigaciones necesarias, y que sometan a todas las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías y pongan en libertad a todas aquellas contras las cuales no tengan pruebas concretas de su participación en actos delictivos. Lo último que necesita Turquía es un retroceso en los derechos humanos.”
Aunque los datos exactos no están claros, las autoridades turcas han informado de que 208 personas perdieron la vida y más de 1400 resultaron heridas en Estambul y Ankara la noche del viernes, cuando una facción del ejército intentó hacerse con el poder, asaltando emisoras de televisión y disparando contra la sede del Parlamento y edificios presidenciales. Entre los fallecidos había 24 personas que las autoridades calificaban de “golpistas”; varias de ellas, según informes, fueron linchadas cuando estaban desarmadas e intentando rendirse. También se dio muerte a civiles que habían salido a la calle respondiendo a un llamamiento del presidente Tayyip Erdogan a la protesta, enfrentándose a tanques y helicópteros.
En los días siguientes al intento golpista, el gobierno turco ha efectuado intensas purgas en el seno del ejército, el poder judicial y las ramas civiles del Ministerio del Interior: se ha detenido a 7543 “golpistas”, de los que 318 están en prisión preventiva. Han sido suspendidos del servicio 7000 policías y apartados de sus cargos 2700 jueces y fiscales, es decir, casi una quinta parte del poder judicial. Un total de 450 miembros de la judicatura han sido detenidos.
Las declaraciones del presidente y otras autoridades del gobierno sobre la imposición de la pena de muerte con carácter retroactivo a los responsables del intento golpista son motivo de grave preocupación, ya que hacerlo supondría una violación de los convenios de derechos humanos en los que Turquía es Estado Parte, y de las protecciones contenidas en la Constitución turca.
