Así empezó todo: el 16 de abril de 2018 el Gobierno anunció la reforma del INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que entraría en vigor al día siguiente. Como consecuencia, el día 18 comenzaron las movilizaciones.
Un grupo de jubilados afectados protestan en León y son reprimidos por miembros de la Juventud Sandinista (JS). Otro grupo más pequeño de jóvenes y estudiantes de Managua convocan un plantón en Camino de Oriente. La respuesta de la JS origina varios heridos y el robo de equipos a varios periodistas. Además, suspenden la retransmisión de canales independientes, como 100% Noticias, Canal Católico, Confidencial, etc. Los únicos que funcionan son los oficialistas, propiedad de los hijos de Ortega y Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, del país.
El segundo día (19 de abril) comienzan los asesinatos: dos estudiantes y un policía. El 20 se contabilizan 21. La represión está servida. Grupos paramilitares y antimotines se emplean a fondo contra los jóvenes que ayudan a los estudiantes refugiados en la catedral de Managua. Allí quedaron atrapadas más de 500 personas. Posteriormente las fuerzas policiales toman la Catedral Metropolitana y la Universidad Politécnica. Los hospitales Cruz Azul y Alemán niegan atención a los heridos.
Ese mismo día comienza el abatimiento de los “Árboles de la Vida”, despectivamente conocidos como Chayopalos, un simbolismo del deseo de derrocar a la dictadura Ortega-Murillo. Cada vez que encontraban uno, lo destruían.
El 21, cuarta jornada, se cobra once vidas. El contesto de la protestas da un giro importante: de las reformas del INSS a exigir la renuncia de la pareja presidencial. Los estudiantes envían un comunicado al Gobierno y éste pronuncia un discurso en el cual ignora los asesinatos. La violencia se incrementa y comienzan los saqueos de establecimientos y supermercados de las JS protegidas por la policía. Ese día asesinan al periodista Ángel Gahona mientras estaba retransmitiendo en vivo.
Ante este panorama, el presidente Daniel Ortega anuncia el día 22 la derogación de la reforma del INSS en un intento de apaciguar los ánimos. La población se da a la tarea de defender las instalaciones de las empresas atacadas por las JS y, cuando pueden, les quitan lo robado y lo devuelven a los establecimientos. Un joven que defendía uno de ellos es asesinado.
A casi una semana se celebra una marcha multitudinaria en Managua que es secundada en todas las localidades del país. Los campesinos llaman a huelga general hasta que se cumplan las exigencias de los estudiantes atrincherados en la Universidad. Principalmente, que liberen a los más de 200 muchachos detenidos. Ese día hay que sumar otros dos muertos y dos más al día siguiente. La represión continúa: Ortega da la orden de cortar la señal wifi gratuita. A la vez, informa de que ha liberado a 120 estudiantes. Una gran parte de ellos denuncia que fueron torturados mientras estuvieron en La Modelo.
El octavo día, 25 de abril, se producen dos asesinatos más y la sociedad civil solicita tres días de luto. El Gobierno responde creando una comisión de la “verdad”. La iglesia católica convoca una peregrinación nacional que culmina con la llegada de 50 000 personas a la catedral de Managua.
Durante la siguiente semana continúan las protestas y enfrentamientos en todo el país, y se registran otros dos fallecimientos. Así las cosas, se crea la Coalición Universitaria, conformada por los cinco movimientos estudiantiles más representativos, y comienza un intento de diálogo nacional.
El 9 de mayo, tras 22 días de protestas, se convoca una marcha a la que responden 70 000 personas. Esa noche, unos 50 antimotines intentaron retener a un equipo de periodistas del diario La Prensa cuando daban cobertura a los acontecimientos de Managua. Lo evitaron los propios ciudadanos.
Del 10 al 12, la sociedad civil comienza a pintar de azul y blanco aceras, postes de luz y bases de monumentos que habían llevado los colores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y retiran la bandera del partido de lugares públicos e instituciones. Los enfrentamientos cada vez son reprimidos con mayor agresividad. Intervienen los tanques y se producen cuatro muertes más. Al día siguiente, la Conferencia Episcopal anuncia que el 16 de mayo será la fecha de inicio del diálogo nacional. Eso no para las masacres: seis pobladores de Sábaco en los dos días siguientes, por los fuertes ataques de la policía nacional, los anti motines, y los parapolicías. El obispo cólico Rolando Álvarez se traslada a esa población para interceder por los ciudadanos.
A pesar de que comienza el diálogo nacional, la represión no cesa. En la mesa se sientan estudiantes, sociedad civil, empresa privada y el movimiento campesino. Por la parte oficialista, el presidente, Rosario Murillo (vice presidenta), Bayardo Arce (asesor económico del Gobierno) y Edwin Castro (maneja la Asamblea Nacional en el Congreso). A pesar de este “diálogo”, Ortega no manda parar la represión y 16, 17 y 18 resultan ser aciagos: ocho asesinatos.
Intervienen la Iglesia y las asociaciones de derechos humanos
Así las cosas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) visita las ciudades de Masaya, León, Matagalpa y Estelí para recoger denuncias. Al final de su periplo presenta un informe final en conferencia de prensa y entrega 15 recomendaciones al Gobierno de Nicaragua. El informe confirma 76 muertos, 868 heridos y 438 detenciones arbitrarias a fecha 21 de mayo. Pero Daniel Ortega no retira los tanques de las calles.
La Conferencia Episcopal se ve impelida a hacer graves denuncias al día siguiente. Señalan a periodistas afines al Gobierno, medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas de redes sociales en las que se amenaza de muerte a sacerdotes que participan en el diálogo nacional, en especial a monseñor Báez (obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua).
Tras el comunicado emitido el día 24, en el que solicita que se nombren a representantes de la comisión mixta, aparece una persona fallecida con claras muestras de tortura y, al final del día, son cinco más quienes pierden la vida por la brutal represión. En las redes sociales se empiezan a visibilizar más denuncias de desaparecidos.
Marchas plantones y tanques se mantienen firmes en sus posiciones, y se desata una ola de violencia en todo el país. Se hace una marcha cristiana-evangélica. A final de mes, representantes de Amnistía Internacional (AI) presencian una carga despiadada contra los estudiantes que se han refugiado en la Universidad de Ingeniería. El saldo, tres muertos, muchísimos heridos y un considerable número de detenidos. Ese día comienza la primera jornada de trabajo de la comisión mixta, donde se pide adelanto y convocatoria de elecciones.
Como consecuencia de sus indagaciones, AI presenta el informe “Disparar a matar”, en el que indican que “el gobierno de Nicaragua utiliza una estrategia de represión brutal. La comunidad internacional también se pronuncia en contra de la situación.
Finalizando mayo, el día 30, dedicado a las madres, 50 de ellas organizan una marcha exigiendo la aparición de sus hijos. Fueron secundadas por más de 500 000 personas. El día acaba con 18 muertos más. Por ello, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anuncia que no está dispuesta a reanudar el diálogo nacional mientras el Gobierno no dé la orden de parar la represión y la violencia.
Junio comienza con la creación de células de trabajo para proteger a la población, los negocios y las infraestructuras. En León, turbas afines al gobierno incendian las instalaciones de un Ministerio y generan el caos. Más ciudades son atacadas de la misma manera. Representes de la Compañía de Jesús se pronuncian contra la masacre y denuncian en una carta abierta las amenazas contra un sacerdote que participaba en la mesa de diálogo. Se convoca huelga de “brazos caídos”. Ese día hay que sumar tres asesinatos más.
El gobierno nicaragüense machaca a la población
Hasta el día 2 de junio había que lamentar 117 asesinatos y mil heridos. Desde entonces, las cifras han seguido subiendo: 212 muertos según la CIDH. En su informe, presentado el 22 de junio de 2018, destaca que “la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de detenciones ilegales arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas y personas que transitaban en vías públicas en las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, llegando algunos de estos a alcanzar el umbral de tortura; la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales; y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto”.
Este informe representa el punto de partida del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfocando en la determinación técnica de las principales líneas de investigación, así como en el establecimiento de las recomendaciones de acciones particulares que deben ser ejecutadas en los distintos niveles de responsabilidad jurídica. Asimismo, este informe sirve de base para la instalación del MESENI, mecanismo que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de informes y a las medidas cautelares otorgadas en este contexto, y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
