Decenas de periodistas son asesinados cada año. Lo reseñan varias organizaciones internacionales, mientras en las redes sociales y en la calle se repite la idea –a veces, casi justificativa– de que los periodistas mienten y los medios manipulan siempre, así que no sabemos si lo merecen.
Lo cierto es que muchos profesionales de la información –que afrontan riesgos y ejercen su oficio con honestidad– son hostigados, acosados, golpeados y asesinados por ejercer el periodismo de manera ética y honrada.
Hace apenas dos días, la UNESCO ha señalado y documentado 759 ataques contra periodistas en períodos electorales en setenta países, entre enero de 2019 y junio de 2022.
Y al referirse a sus propias reseñas de periodistas asesinados, la UNESCO sostiene que «esas cifras no incluyen las muertes de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en circunstancias no relacionadas con su profesión, que también se reportaron en gran número en 2023. Estas tragedias también son sólo la punta del iceberg: la infraestructura y las oficinas de los medios sufrieron grandes daños y destrucción. Se lanzaron muchas otras amenazas, como agresiones físicas, detenciones, confiscación de equipos o prohibición de acceso a sitios de presentación de informes. Un gran número de periodistas también ha huido o ha dejado de trabajar».
Hay también cientos de periodistas en prisiones de todo el mundo, incluido el español Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace casi dos años, sin que haya apenas ruido sobre él en los medios sobre su encarcelamiento. Predomina un extraño silencio mediático. La opacidad del caso incluye a RSF que no incluyó a Pablo González en su último listado de periodistas presos.
El día en el que termina el otoño, la lista de periodistas asesinados en 2023 establecida por la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) ascendía a 46 víctimas (entre ellas, según precisa RSF, 44 periodistas y dos colaboradores de los medios).
Simultáneamente, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés) tiene en su registro anual de 2023 una cifra muy distinta: 86 periodistas asesinados, el CPJ anota también la desaparición de otros. En un mapa que publica en su web, intenta distinguir entre los casos confirmados y los aún no confirmados.
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP, o IFJ, según sus siglas en inglés), organización mundial de sindicatos y asociaciones de periodistas, mantiene en sus registros los casos de 105 periodistas asesinados en este año a punto de terminar.
Como vemos, son estadísticas que divergen sobre un asunto complejo que la opinión pública quizá cree más sencillo de esclarecer.
En realidad, se trata de fijar esos casos, de anotarlos y denunciarlos, de probar sus circunstancias, con el objetivo de luchar contra la impunidad de los responsables de dichos asesinatos. Ocho de cada diez asesinos de periodistas quedan impunes. En algunos países, como Palestina o México, esa impunidad es rutinaria.
En otros, la persistencia de las organizaciones profesionales citadas, su voluntad de que se haga justicia, puede tener éxito mediante campañas muy prolongadas en el tiempo. Un éxito muchas veces aislado y, además, muy tardío.
Por ejemplo, sólo el empeño de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) obtuvo en 2007 una primera condena de dos oficiales implicados en el asesinato del reportero Hugo Bustíos Saavedra que tuvo lugar en 1988. Y sólo 35 años después, en 2023, la ANP –con el apoyo de la FIP– ha logrado que Daniel Urresti, general retirado y exministro del Interior, haya sido condenado a doce años de cárcel por el asesinato de Bustíos.
De modo que la perseverancia de quienes establecen los casos de los periodistas asesinados, su tesón al elaborar esas listas sombrías y sus detalles, son claves para defender la libertad de información y para combatir la impunidad de los asesinos. Con seguridad, también hay periodistas locales que son asesinados por hacer su trabajo sin que llegue a trascender fuera de su ámbito.
En cualquier caso, ¿por qué las cifras de la FIP, de RSF y del CPJ divergen tanto?
El diario Le Monde se fijaba hace pocos días en esa divergencia y precisaba la desconfianza de algunos medios –sobre todo– en torno a la estadística de RSF:
– El recuento de los periodistas asesinados en el mundo en 2023 realizado por Reporteros Sin Fronteras no logra ser aceptado por unanimidad. Varios usuarios de la red X [*exTwitter] han denunciado el jueves 14 de diciembre lo que consideran una invisibilización de las muertes de periodistas palestinos en el informe anual de dicha oenegé, decía Le Monde.
En el caso de RSF, que elabora la lista más citada anualmente por la mayoría de los medios, llueve sobre mojado. En la época de su expresidente (1985-2008) y fundador, Robert Ménard, no faltaron los artículos y libros que cuestionaron algunas de sus fuentes de financiación (Center for a Free Cuba, National Endowment for Democracy, Open Society, USAID, etcétera) para expresar una mezcla de desconfianza e incredulidad –entre otras cosas– hacia la lista anual de dicha asociación humanitaria.
En España, hay que recordar que la familia de José Couso (asesinado en 2003, en Irak) llegó a pedir a RSF que se retirara como acusación particular por un informe sobre el caso que –según la familia Couso– contenía «numerosos errores, contradicciones e irregularidades en lo referente a importantes datos» y que se apoyaba en testimonios «de dudosa imparcialidad».
También muchas personas y profesionales adheridos a RSF –entre ellos no pocos miembros y dirigentes actuales de dicha asociación– han expresado varias veces su pesar por los errores y la deriva personal de Ménard, el fundador, quien ha terminado siendo alcalde de Béziers (en el sur de Francia) con el apoyo de la extrema derecha.
Ese distanciamiento ya quedó claro en el texto de una carta abierta publicada en el diario Libération donde sus excompañeros de RSF lo criticaban y significaban su distancia hacia él: «Hemos escuchado tus intervenciones y leído tus artículos con estupor, en especial los últimos en los que preconizas restaurar la pena de muerte o el cierre de fronteras para luchar contra el desempleo».
Pero Ménard queda ya lejos de RSF, mientras en su sede central de París estiman que el número global de periodistas asesinados decrece globalmente, aunque los datos de Gaza vayan en sentido contrario.
En la cadena o publicación digital Arrêt sur Images (ASI) –fundada por el periodista Daniel Schneidermann tras la clausura de un programa del mismo nombre que emitía una cadena pública hasta 2008– se han planteado la misma cuestión con el título Journalistes tués: le bilan de RSF minore les décés de Gaza.
RSF desmiente que intenten minimizar lo que sucede en Gaza desde hace casi tres meses. La diferencia entre los listados de unas u otras organizaciones –según su perspectiva– está basada en el método de recuento. «RSF procede a la recolecta minuciosa de informaciones que nos permiten afirmar con certeza, o al menos con un grado de presunción muy fuerte, que la muerte, la detención o el secuestro de un periodista es consecuencia directa de su ejercicio de la profesión», declara Anne Bocandé, directora editoral de ASI, en el diario Ouest France.
El problema en Gaza es que un cierto número de reporteros ha perdido la vida junto a sus familias, en sus propios domicilios o cerca de los suyos. ¿Estaban trabajando? ¿Qué hacían en los momentos antes de morir?
El CPJ considera las dificultades que hay en Gaza y «parte del principio de que todo periodista muerto [y activo como tal] en zona de guerra intentaba ofrecer alguna forma de cobertura periodística». Precisan que «reharán su lista cuando dispongan de más información» caso por caso.
La FIP recibe los datos por medio de todos sus afiliados (187 sindicatos y organizaciones desplegadas en 140 países, que representan a unos seiscientos mil periodistas). Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, subraya que esta federación mundial incluye tanto a los periodistas como a quienes los acompañan en su equipo, sean ayudantes, fixers, camarógrafos, fotorreporteros, traductores o conductores del vehículo de trabajo. Todos los equipos hacen su trabajo periodístico conjuntamente, sobre todo en los medios audiovisuales.
– Tenemos pruebas de que una gran mayoría de ellos, ha muerto en el ejercicio de la profesión [periodística] (…) Si están muertos bajo los escombros, no podemos saber a ciencia cierta que estuvieran trabajando en ese momento (…) En caso de duda, los añadimos a nuestra lista, como antes hicimos con los sirios, los iraquíes o los afganos (…) Eso incluye a un periodista israelí a quien mataron delante de su casa mientras trataba de documentar las exacciones de Hamás, dice Bellanger. Él mismo ha estado hace pocas fechas en Cisjordania para entrevistarse con familiares y colegas de periodistas muertos durante el último estallido del conflicto palestino-israelí.
En Le Monde, Christophe Deloire, Secretario General de RSF, valora que haya –según RSF– menos periodistas asesinados que hace años y recuerda que las cifras actuales son las más bajas a nivel mundial desde 2002.
– Eso no atenúa para nada la tragedia de Gaza, pero observamos una reducción regular del número de periodistas asesinados que está muy lejos de los más de 140 que contabilizamos [*RSF] en 2012 y en 2013, durante las guerras de Irak y Siria, afirma Deloire. Para él, eso sirve para resaltar la tarea persistente de las organizaciones de periodistas y su lucha contra la impunidad.
Por el contrario, tanto la FIP como el CPJ consideran muy alarmante lo que sucede en Gaza y creen que se trata del conflicto más mortífero que han constatado desde que empezaran a fijar sus respectivas listas de periodistas asesinados (en 1990, la FIP; en 1992, el CPJ). En el recuento de la FIP, se incluye también (hasta hoy) a tres periodistas libaneses y a cuatro israelíes muertos desde que estallara la guerra actual.
En Arrêt sur Images, Dominique Pradalié, presidenta de la FIP, se declara «estupefacta» por la metodología de RSF. Y asegura que la FIP ha hecho las constataciones necesarias, junto a su organización afiliada en la zona, el Sindicato de Periodistas Palestinos, «sin que haya habido el menor desmentido en dos meses».
– El periodista trabaja donde puede y cuando puede, a primera hora de la mañana o a medianoche, ¿quién está allí con él o con ella para decir que estaba (o no) trabajando?, precisa la presidenta de la FIP.
Quien firma aquí puede contar que intervino en la confección de ese listado de la FIP en 2008 y 2009 y recuerda haber excluido el nombre de un periodista latinoamericano, tras hacer llamadas de comprobación en las que pudo constatar que el fallecido había sido asesinado en una disputa personal con el guardia de seguridad de una discoteca y no en el ejercicio de su profesión.
Tanto RSF como el CPJ y la FIP tienen métodos de recuento y reglas de constatación de lo sucedido que consideran precisos y serios.
Pero Arrêt sur Images reprocha a varios medios franceses, principalmente a la agencia AFP, lo mismo que a los diarios Le Figaro y Libération, Médiapart y a los medios públicos Radio France y Franceinfo (web), «que se precipiten siempre a relanzar el listado de RSF» sin constatar ni referirse en ningún momento a los recuentos de mayor gravedad que ofrecen la FIP y el CPJ.
Quizá ese reproche puede extenderse a otros medios y a otros países, puesto que ser (o no) incluido en esos listados tiene después implicaciones en la lucha contra la impunidad de sus asesinos. Además, de algún modo se niega su memoria y a sus familias la reparación que merecen.
No faltan las voces que denuncian un cierto ambiente –«con graves consecuencias para el acceso a la información», dice la UNESCO– en el que brota lo que la misma organización internacional califica de zonas de silencio. Es decir, áreas de impunidad.
