En Bolivia el cultivo de coca, la materia prima de la cocaína, descendió un nueve por ciento en 2013 y un enorme 26 por ciento en los últimos tres años, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informa Samuel Oakford (IPS).
Dos regiones -Los Yungas, en el oriental departamento de La Paz, y el Trópico, en el central de Cochabamba – abarcan casi toda la superficie cultivada en Bolivia y en ambas se produjo una importante reducción en la plantación de coca en 2013. El cultivo ilegal en los parques nacionales también se redujo a la mitad, a una sola hectárea, según el informe de la UNODC publicado el lunes 23.
La disminución a una superficie de solo 23.000 hectáreas cultivadas en todo el país es considerada un avance notable, pero se pasa por alto que Bolivia lo logró en sus propios términos –y no los de Estados Unidos- y con la cooperación fundamental de muchos de los pequeños productores de coca bolivianos.
«Bolivia redujo la cosecha a través de los esfuerzos de erradicación, pero también con la participación de los productores y agricultores de coca», señaló a IPS el representante de la UNODC, Antonino de Leo.
Lo están haciendo en un clima de participación y diálogo, «lo llaman control social», añadió. «El gobierno no solo tiene un objetivo para el cultivo ilícito, sino que es el mismo que tienen los agricultores y la unión» de productores, destacó el funcionario internacional.
Desde que llegó a la Presidencia en 2006, Evo Morales, otrora líder del sindicato de cocaleros, comenzó a negociar con los agricultores y sus organizaciones para convencerlos de que si definían metas de cultivo de común acuerdo se generarían precios más altos y un ingreso sostenible para decenas de miles de productores de subsistencia.
De hecho, en 2013, el precio de la coca en Bolivia, que ya era superior al de Colombia y Perú, subió un siete por ciento más, de 7,40 dólares a 7,80 dólares por kilo.
Aunque el valor total de la cosecha de coca se redujo de 318 millones de dólares a 283 millones de dólares, los agricultores en su mayoría ya no viven con el temor de que sus medios de vida sean destruidos por los esfuerzos de erradicación financiados por Estados Unidos, que caracterizaron a la política del país andino contra las drogas durante décadas.
La respuesta militarizada favorece el crimen organizado y los grupos armados y conduce a la concentración de riqueza ilícita. Bolivia permite a los productores individuales el cultivo anual de un cato – una medida de tierra equivalente a 1600 metros cuadrados – de coca, lo cual es visto como una especie de salario mínimo.
A diferencia de Perú y, especialmente, Colombia, donde la erradicación forzada, las fumigaciones y las confiscaciones son la estrategia para lidiar con la producción ilegal de coca, los agricultores de Bolivia permiten que los funcionarios visiten y midan sus campos – mediciones que luego son verificadas con datos obtenidos por satélite.
Debido a esto, los datos declarados por el gobierno son muy similares a las cifras que publica Estados Unidos y de hecho en 2012 fueron idénticos. Eso no sucede en el caso de otros productores de la región.
«Nada se hace enteramente sin fricción, pero el proceso acabó con los ciclos de protesta y violencia y la muerte de los cocaleros», afirmó a IPS la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur. «Sigue habiendo violaciones a los derechos humanos, pero en el pasado les arrancarían toda la coca» a los productores sin ofrecerles un plan de subsistencia alternativa, aseguró.
En Colombia, el gobierno destruye aproximadamente 100.000 hectáreas de plantaciones cada año. Como los pequeños agricultores no suelen tener otra alternativa económica, vuelven a plantar la coca y el ciclo comienza de nuevo.
La política de Bolivia no fija límites estrictos ni asignaciones geográficas exactas para los cultivos, pero cualquier plantación que supere el cato en áreas no autorizadas es destruida.
«Las buenas prácticas indican que para reducir los cultivos ilícitos de una manera sostenible y evitar el efecto globo existe la necesidad de combinar los esfuerzos de erradicación con programas de desarrollo participativo a largo plazo que generen oportunidades reales para los agricultores», dijo De Leo.
En 2008 el presidente Morales expulsó al embajador de Estados Unidos Philip Goldberg y en 2009 hizo lo mismo con la representación de la estadounidense Agencia AntiDrogas (DEA). A partir de entonces, cesaron los fondos de Washington para las drogas.
Las medidas precedieron a una reelaboración cuidadosamente planificada de las obligaciones de Bolivia en el marco del sistema de convenciones de la Organización de las Naciones Unidas que rige la política global contra las drogas. En 2011, el país tomó la medida sin precedentes de retirarse de la convención de 1961 sobre estupefacientes, pero en 2012 reconfirmó su adhesión, con la condición de que Bolivia tuviera un mercado interno legal para la hoja de coca.
La decisión fue aceptada por la inmensa mayoría de los Estados miembros que aceptaron que la coca es una planta tradicional utilizada por millones de bolivianos sin fines abusivos.
Al igual que otras medidas referidas a drogas tomadas por otros países, la decisión sirvió para socavar la interpretación jurídica uniforme y prohibicionista de las convenciones.
Pero a diferencia de Uruguay y los estados estadounidenses de Washington y Colorado – que legalizaron la producción y comercialización de la marihuana-, Bolivia cuenta con la aprobación oficial de la comunidad internacional.
«Si hace 15 años alguien se preguntaba qué le pasaría a un país andino que pierde la financiación de Estados Unidos, estaríamos hablando de una invasión de los Marines y todo yéndose por la borda, pero nada de eso sucedió», dijo Ledebur.
«Un país muy pequeño desafió las premisas básicas de la dominación de Estados Unidos y sus repercusiones políticas, y tuvo éxito», añadió la activista.
En 2013, Washington no otorgó la certificación antidrogas a Bolivia porque, dijo, el país no hizo «esfuerzos suficientes para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales». Pero al notificarlo el gobierno estadounidense reconoció que la «producción potencial de cocaína pura» boliviana disminuyó 18 por ciento en 2012.
Bolivia puede haber hecho las paces con sus cocaleros, pero sigue siendo el tercer productor de cocaína del mundo. El gobierno destruyó más de 5000 instalaciones de producción de la droga e incautó 20.400 kilos de pasta de cocaína en 2013.
La producción andina es alimentada por el crecimiento de la demanda en Brasil, el segundo mercado de cocaína en el mundo, detrás de Estados Unidos.
«Siempre que exista una fuerte demanda de cocaína, será muy difícil competir con la coca – siempre será un cultivo muy atractivo», advirtió De Leo, de la UNODC.
