Ileana Alamilla1
Uno de los bienes más preciados, entre los innumerables que poseemos, es la libertad, esa palabra utilizada a veces inapropiadamente para reivindicar cualquier derecho, hasta el de humillar, agredir y lastimar a otras personas. Lo esgrimió la jovencita que le produjo un daño a la vicepresidenta la semana anterior. Libertad es poder disponer de la vida, elegir qué hacer y cómo hacerlo, es decir, gozar de un privilegio propio de la naturaleza humana. La privación de ese derecho, por determinación de la ley, es un castigo que lastima el cuerpo y el espíritu de quien lo recibe, sobre todo si esa persona es inocente, presunción garantizada por nuestra Constitución Política.
A sabiendas de que asumir la defensa de una población que tradicionalmente ha sido segregada y despreciada implica una posible incomprensión, plasmo algunas reflexiones que desde hace mucho quería compartir.
La mayoría de personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, de un derecho humano, son de condición humilde, no han tenido oportunidad de educación, capacitación o trabajo decente, carecen de recursos para pagar a un abogado para que los defienda y, aunque reconozco las altas capacidades de los colegas que trabajan con ahínco en la Defensa Pública Penal, tienen tantos casos que no pueden, como los otros que ejercen desde el espacio de ejercicio privado de la profesión, dedicar mucho tiempo a cada asunto.
Según datos del Sistema Penitenciario, por cierto también señalado reiteradamente por ineficiencia y otras fallas, a la fecha 16 mil 948 personas se encuentran detenidas en los 22 centros a escala nacional, en la mayoría de los casos, están en “detención preventiva”, es decir, que no se ha concluido el proceso en el cual se les ha declarado culpables; por ley, entonces, son inocentes, pero están presos. El robo agravado, el asesinato, el homicidio, asociación ilícita y el plagio o secuestro son los ilícitos recurrentes en el caso de los hombres; los delitos más comunes en el caso de las mujeres son asociación ilícita, extorsión, obstrucción de tránsito, conspiración y plagio o secuestro.
Ya sabemos de la lentitud del sistema de justicia. No es una crítica a los jueces y juezas, muchos hacen esfuerzos sobrehumanos para cumplir con honestidad y diligencia su función, por supuesto hay también cantidad de excepciones, que son indignas. Los y las fiscales también tienen sus justificaciones, entre ellas, que debido a las nuevas modalidades, unos investigan y otros acuden a las audiencias, que en ocasiones significa una gran debilidad, pues no conocen a profundidad el caso, especialmente si les entregan el expediente poco tiempo antes de presentarse al tribunal.
Pero el resultado de este estado de cosas es una enorme cantidad de seres humanos sumidos en un ambiente deplorable, en donde conviven con la escoria. Lo peor de todo son los niños presos junto a sus madres. Desde que una persona es detenida hasta que finalice el juicio transcurren meses o años, permanece en esos lugares que no son los idóneos para buscar la reinserción social, está sometida a vejámenes y humillaciones y, si está acusada injustamente y, como ocurre con frecuencia, es declarada inocente, ¿qué reparación recibe del Estado y de la sociedad? Al salir libre, si es que no fallece en algún amotinamiento, el estigma de haber estado detenido(a) persiste, y el tiempo en que su cuerpo y su alma estuvieron cautivos injustamente nunca se recuperará.
Dijo un reo: “Aquí lo que se paga no es el delito, es la pobreza”.
Ileana Alamilla[1]
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
