En dos décadas, el estado brasileño de Río de Janeiro registró casi 92.000 personas desaparecidas, indica un estudio independiente. La mayoría de los casos quedaron sin respuesta y terminaron como muchos delitos no aclarados: archivados, informa Fabiola Ortiz (IPS).
Policía militar en una favelaAmarildo Dias de Souza, de 43 años, vivía en la Rocinha, una de las «favelas» (barrio hacinado) más grandes de la ciudad de Río de Janeiro, capital del estado homónimo. Más precisamente, en un callejón en lo alto del «morro» (cerro) conocido como «Roupa Suja» (ropa sucia).
Su casa, de apenas 10 metros cuadrados, cobijaba a seis hijos. Allí no hay iluminación pública ni ningún otro tipo de infraestructura urbana, como saneamiento, agua potable o recolección de basura.
Para mantener a su familia, incluida su esposa con la que llevaba casado 30 años, De Souza se empleaba como ayudante de albañil y hacía pequeños trabajitos para conseguir algún dinero. Cuando no trabajaba, se iba de pesca.
El domingo 14 de julio regresó de pescar a su casa. En la puerta lo abordó un grupo de 20 policías militares, querían llevarlo por una averiguación a la sede de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP).
Las UPP fueron creadas por el gobierno del estado de Río de Janeiro para ocupar favelas de forma permanente y liberarlas del narcotráfico. La acción policial es seguida de programas sociales.
La Rocinha fue «pacificada» en septiembre de 2012, cuando la policía ocupó ese enorme conjunto de favelas y expulsó a una banda de traficantes de drogas que controlaban la zona y acostumbraban a pasearse fuertemente armados.
A De Souza lo vieron por última vez entrando al vehículo policial. Su caso se hizo un motivo más de las protestas que se organizan casi a diario en esta ciudad. Su rostro aparece estampado en carteles desparramados por Río con la pregunta «¿Dónde está Amarildo?».
«Hay una serie de irregularidades en la forma en que actuó la policía. Si era por una averiguación bastaba que fuera a la comisaría y no a la sede de la UPP. Son equívocos de la actuación policial que de por sí merecen investigarse», dijo a IPS la asesora en activismo y movilización de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jandira Queiroz.
AI está solicitando a sus tres millones de adherentes en todo el mundo que envíen cartas al gobernador del estado y a la Secretaría (ministerio) de Seguridad pidiendo una investigación completa del caso, protección para los testigos e identificación y castigo para los responsables.
«La policía dice que lo liberó. Hasta ahora no se ha encontrado nada, ni pruebas de dónde podría estar ni el cuerpo. Si murió, la familia quiere por lo menos darle un entierro digno», dijo Queiroz.
Las cámaras de control de la base de UPP, que podrían confirmar la versión oficial, no funcionaban esa noche. Y los equipos de GPS (sistema de posicionamiento global) de los automóviles policiales que fueron a buscar a De Souza estaban desconectados.
La policía civil trabaja bajo la hipótesis del asesinato, tanto cometido por los agentes federales de la UPP o por traficantes de drogas.
La familia tiene cada vez menos esperanzas de encontrarlo con vida. El clima en el vecindario es de desamparo e impunidad.
«Los policías de la UPP se llevaron a mi marido y sus documentos. Hace un mes que desapareció y yo no tengo dinero. Por lo menos quiero sus huesos para enterrarlos. Quiero una respuesta: ¿dónde está Amarildo?», dijo indignada su esposa, Elizabeth Gomes da Silva.
El caso trajo a cuento decenas de otras personas que se esfumaron sin dejar rastros y cayeron en el olvido. Muchos de esos incidentes tenían a agentes policiales como principales sospechosos.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en el estado de Río de Janeiro desaparecen en promedio 15 personas por día. Las causas más comunes son asesinatos, disputas familiares y problemas mentales. En la ciudad, ese promedio diario es de seis. Pero esas estadísticas no se depuran cuando, por ejemplo, una desaparición se convierte en homicidio al aparecer el cadáver.
Una investigación que hizo el sociólogo Fábio Araújo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, arrojó 91.807 desapariciones registradas entre 1991 y mayo de este año.
En 2011, el registro menciona 5.482 casos y en 2012, otros 5.934. La mayoría de estas personas eran hombres y habitantes de favelas o de suburbios pobres.
«La actuación policial es violentísima, así como la de las milicias (bandas parapoliciales o paramilitares dedicadas a la extorsión y el crimen) y la del narcotráfico. Esos actores ora disputan ora colaboran para hacer desaparecer cuerpos», describió Araújo.
El 13 de agosto de 2013, familiares de desaparecidos y movimientos sociales se reunieron en una audiencia pública que organizó la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
«El auto de mi hermana fue baleado por la policía y ella lleva cinco años sin aparecer. Creo que nunca más la veremos. Nuestra familia no ha podido cerrar el ciclo, no tenemos cuerpo que enterrar», dijo a IPS el hermano de la ingeniera Patrícia Amieiro, Adriano Amieiro. Ella desapareció en junio de 2008, cuando tenía 24 años.
El Senado federal tramita el proyecto de ley 245 de 2011 para incluir en el Código Penal un artículo que tipifique el crimen de desaparición forzada.
La costumbre de ocultar cadáveres es común en este país, porque cuando el cuerpo de la víctima no se encuentra, las autoridades dejan de investigar el caso.
«Este es un país de impunidad en lo que atañe a los delitos contra la vida. Miles de personas desaparecen y las autoridades no se preocupan por su paradero. Muchos ni siquiera llegaron a ser registrados en las comisarías, y algunas de esas prácticas son ejecutadas por policías», comentó a IPS el presidente de la organización no gubernamental Río de Paz, Antônio Carlos Costa.
Según Costa, la cantidad de asesinatos es mayor que la divulgada y hay cementerios clandestinos dispersos en la región metropolitana de Río.
«Eso vuelve la estadística asombrosa y humillante. Vivimos en una cultura de banalización de la vida humana que se refleja en el poder público», evaluó Costa.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Marcelo Freixo, señaló «profundas contradicciones» en las investigaciones sobre el paradero de Amarildo de Souza y envió en la segunda semana de agosto un oficio para que la fiscalía y la policía civil aclaren las divergencias.
En opinión del parlamentario, la versión policial que asociaba a De Souza con el tráfico en la Rocinha es una tentativa de «descalificar a la víctima y la denuncia».
Freixo dijo a IPS que no hay ningún indicio que compruebe que De Souza o su familia estuvieran involucrados en el narcotráfico.
El diputado propuso crear un grupo de trabajo en el que se asocien la fiscalía y las secretarías de Seguridad, Asistencia Social y Derechos Humanos para relevar y acompañar los casos de desapariciones en el estado.
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