Una mujer que necesitaba un aborto llamó por teléfono este enero de 2022 al Hospital Horacio Heller de Neuquén, en el sur de Argentina, donde le habían indicado que encontraría buena predisposición. La respuesta, sin embargo, fue que volviera a llamar en diez días, porque las únicas dos médicas que los practican estaban aisladas por la COVID-19 y nadie los reemplazaba, informa Daniel Gutman (IPS) desde Buenos Aires.
El episodio refleja los obstáculos y las arbitrariedades que todavía encuentran frecuentemente las mujeres para acceder al derecho al aborto en este país sudamericano, donde fue legalizado hace un año, después de una larga lucha del movimiento feminista.
«Es muy desigual y arbitrario el acceso al aborto en la Argentina. No hay todavía en la práctica un derecho universal; la legalización no cambió mágicamente las cosas», dice a IPS, por teléfono desde Neuquén Ruth Zurbriggen, quien le había sugerido a la mujer en cuestión que recurriera al hospital, donde finalmente no la atendieron.
Zurbriggen, maestra de profesión, forma parte de Socorristas en Red, una organización formada por casi sesenta colectivos de activistas feministas de todo el país, que dan información y acompañan a las mujeres que deciden abortar.
«Hay muchos médicos que no están de acuerdo con la legalización y que no hacen lo que la ley dice. Por eso nosotras ya tenemos identificados los centros de salud donde hay profesionales amigables con quienes quieren abortar», explica Zurbriggen.
Socorristas en Red, que publica en internet los teléfonos móviles de sus activistas para que puedan acceder fácilmente a ellas, dicen haber recibido en 2021, hasta el 30 de octubre, 11.358 llamadas de mujeres. De ellas, 2377 interrumpieron su embarazo en el sistema público de salud y 7523 se inclinaron por un aborto autogestionado a través de medicamentos, en ambos casos con acompañamiento de la organización.
El aborto estuvo durante casi un siglo incluido en el Código Penal argentino. Si bien ya en 2005 decenas de organizaciones lanzaron la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para promover la despenalización, el debate estuvo excluido de la agenda política hasta hace pocos años: se presentaron decenas de proyectos, pero ninguno superaba el trámite parlamentario necesario para habilitar la votación en el Congreso Nacional.
Todo cambió abruptamente en 2018, cuando –en medio de masivas manifestaciones populares a favor y en contra–, el tema llegó al recinto legislativo. Entonces, la Cámara de Diputados incluyó la iniciativa y el Senado la rechazó. En un segundo intento, la despenalización del aborto fue aprobada por los legisladores el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigor el 24 de enero de 2021.
Hoy, la ley 27.610 establece el derecho al aborto gratuito para todas las mujeres que cursen hasta la semana catorce de gestación, sin que se le puedan preguntar los motivos. El derecho no tiene límite temporal para aquellas embarazadas cuya vida o salud esté en riesgo o hayan sido víctimas de violación, que son las causas de aborto no punible que ya rigieron con anterioridad a la ley.
Desde la entrada en vigor de la ley, y hasta el 30 de noviembre pasado, en el sistema público de salud se practicaron 32.758 abortos, según el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que promueve la práctica de abortos por las dos formas señaladas como seguras por la Organización Mundial de la Salud (OMS): con medicamentos o a través de aspiración manual endouterina (AMEU).
«Es muy pronto para analizar los números, pero lo que tenemos que valorar es que son 32.758 mujeres que no se murieron en un aborto clandestino o no tuvieron que seguir adelante con una gestación que no querían», dice Celeste McDougall, docente e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
De todos modos, McDougall pide prestar atención a otros datos oficiales que el Gobierno hizo: durante 2021, la línea telefónica estatal en la que se brindó información sobre derechos sexuales y reproductivos en general, y aborto en particular, recibió casi 19.000 consultas, lo mismo que durante los diez años anteriores juntos.
«Esto da cuenta –dice- de que, gracias a la extraordinaria visibilidad que tuvo el debate, las mujeres saben que se sancionó la ley y están dispuestas a ejercer su derecho», subrayó.
Desigualdad en el país
La socióloga Silvina Ramos, asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, explicó a IPS en Buenos Aires que la legalización del aborto ha sido un proceso complejo en todos los países del mundo que lo han atravesado.
«En ese contexto, Argentina ha tenido un buen inicio, aunque ha quedado demostrado que este es un país muy desigual», sostiene.
Ramos es también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), una ONG que monitoreó la implementación de la ley durante el primer año y reveló que en las provincias del norte de Argentina –tradicionalmente conservadoras y con mayor influencia de la Iglesia Católica– se practicaron muchos menos abortos que en el resto del país.
Así, la tasa del aborto, que mide la cantidad por cada mil mujeres, fue durante el primer semestre de 2021 de 0,6 en Formosa y 0,9 en Chaco, contra 5,6 de la ciudad de Buenos Aires y 4,3 de la patagónica Tierra del Fuego.
«No sabemos, en realidad, cuánta demanda insatisfecha hay de abortos, porque recién se está descubriendo un sistema de información en la salud pública, y ni las obras sociales (que pertenecen a los sindicatos) ni las empresas de medicina prepagada entregan datos», Sostiene Ramos.
«Sí sabemos –agrega– que hay pocos centros de salud que ofrecen abortos, a pesar de que no requieren complejidad, porque hoy la mayoría se hacen con medicamentos».
Para promover el acceso al derecho, el Ministerio de las Mujeres distribuyó 46.283 dosis de misoprostol (medicamento autorizado en el país para el procedimiento) durante 2021 y gestionó la donación de 250 equipos para la AMEU, que fueron distribuidos en el país.
Ese dato es marcado por Ramos como una señal de compromiso: «Los derechos –afirma– pueden ser consagrados en las leyes, pero se garantizan con recursos y el Estado está invirtiendo».
Por su parte, Marianela Sierralta, médica de planta en el Hospital Público Materno-Infantil de Salta –en el norte de la Argentina–, da a IPS un ejemplo de los importantes obstáculos que existen en algunos centros de salud, porque solo cuatro, de los 55 médicos que integran los servicios de ginecología y obstetricia de la institución, practican abortos.
«Todo el resto son objetores de conciencia, por lo que la demanda supera la capacidad de responder con eficiencia y rapidez de quienes sí los hacemos», explica.
Efectivamente, el artículo 10 de la ley reconoce el derecho de los profesionales de la salud a no practicar abortos por razones de conciencia, aunque establece en esos casos la obligación de derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional, sin dilataciones.
«En la provincia de Salta –añade Sierralta– hay un fuerte movimiento conservador en contra del aborto, que hace las cosas difíciles. A pesar de ello, las mujeres se animan cada vez más a golpearnos la puerta». La médica contó que incluso atendió a varias mujeres llegadas desde Bolivia, en la frontera con Salta.
La situación se repite en otros lugares del país. María Cristina Ale, integrante de Socorristas en Red en Paraná, en el este del país, dice que sólo cuatro de los veinticuatro hospitales y centros de salud de la ciudad practican abortos.
«En el sistema de salud de Paraná es muy difícil para una mujer obtener información sobre aborto. La visibilización de la ley depende exclusivamente del activismo feminista» afirma Ale.
Mejorar la información es una asignatura todavía pendiente, no solo cuando se piensa en las mujeres que necesitan abortar, sino también en los profesionales de la salud, advierte a IPS por teléfono desde Córdoba Pate Palero, directora ejecutiva de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir .
«Todo el mundo sabe que el aborto hoy es legal –dice Palero–, pero vemos mucha desinformación en cuanto a cómo, cuándo, quiénes o dónde deben realizarlo. Incluso hay hospitales que dicen que no pueden hacerlo porque no tienen quirófano disponible, cuando hoy ya no se hace con el método de legrado. Todavía hay muchos mitos en la Argentina alrededor del aborto», asegura.
