El fiscal general de Irán, Mohamad Jafar (Yafar) Montazerí, ha sido el encargado de anunciar la supresión de la sombría policía de las costumbres. En medios opositores, sin embargo, algunos dudan aún de la aplicación efectiva de ese anuncio, pese al nivel jerárquico de Montazerí en el régimen teocrático iraní.
Frente a la movilización de las mujeres iraníes –que cuenta con amplio apoyo social– esa promesa de las autoridades es más que un gesto. Se trata de un claro retroceso del poder. En principio, ese paso atrás anularía la ley de 1983 que hizo obligatorio el velo islámico. Después, poco a poco, fueron añadiendo toda una serie de detalles donde se cruzaban lo cruel y lo represivo con lo ridículo y el absurdo.
Esa legislación fue impuesta, en 1983, por el ayatollah Ruhollah Khomeini (Jomeini) en plena guerra Irán-Irak, que causó entre medio y un millón de muertos. La dureza militarizada con la que se impuso el aspecto exterior y el código vestimentario obligatorio para las mujeres tuvo que ver también con aquel período bélico. Un período en el que autoritarismo, junto a la represión y militarización de la sociedad iraní marcharon de la mano.
Oficial, de modo interno, únicamente se trataba de «extender la cultura de la decencia». Hay que recordar que durante el período inmediatamente posterior a la revolución jomeinista se abrió una fase de cierto caos, de la que este periodista fue brevemente testigo. Se produjo la crisis de los rehenes y la ocupación de la Embajada de los Estados Unidos, de la que este mes de noviembre se cumplen 43 años.
Durante la dictadura anterior, la del Shah Reza Pahleví, la situación fue la contraria: el velo llegó a estar prohibido.
La llamada «patrulla de la guía (orientación) islámica» (Gasht-e Ershad, en persa) fue responsable del arresto y muerte (el 16 de septiembre de 2022) de Mahsa Amini, joven kurda de 22 años que agonizó ante testigos en una comisaría y cuya muerte desencadenó la serie de revueltas que vive Irán desde entonces. La joven había sido detenida por dejar ver unos pocos cabellos que salían de su velo.
La siniestra policía de la decencia y las costumbres se ha venido imponiendo así –durante décadas– en la calle, también en asuntos privados, fiestas y reuniones sociales y de familia, de la mano de hombres uniformados y de mujeres vestidas con riguroso chador negro.
Según el relato fidedigno de testigos y familiares, Mahsa Amini agonizó tras una detención de tres días en los que sufrió varias palizas y no como consecuencia de ningún problema de salud, como intentaron justificar sus verdugos y las autoridades.
Desde que la sociedad iraní tuviera conocimiento de aquel hecho, centenares de manifestaciones y miles de actos de contestación de todo tipo se han extendido por Irán, bajo una creciente represión que ha causado centenares de muertos. También actos de desobediencia masiva, como el recorte de la cabellera femenina en público o difundido en las redes sociales, la asistencia (prohibida) de miles de personas al entierro de Mahsa Amini y el simbólico ataque a la casa-museo de Jomeini.
El uso represivo del velo islámico fue contestado desde el principio (de la aplicación de la norma) por buena parte de las mujeres de Irán, que han ido ganando espacio público progresivamente. Un avance que ha forzado el paso atrás dado hoy por un poder que ya no se siente tan seguro como antes.
en llamas del Guía Supremo, Alí Khamenei (Jamenei) sobre las fotos de Mahsa Amini y de otras jóvenes asesinadas por las fuerzas del orden.
De manera progresiva, a lo largo de años, las mujeres de Irán han ido utilizando detalles vestimentarios para rebelarse contra esa siniestra idea de la decencia. Por ejemplo, usando pañuelos de color, dejando ver su pelo o mostrando que bajo el hiyab o el chador llevaban calcetines llamativos, camisas de moda o pantalones vaqueros. Utilizando el baile y la música en espacios públicos, también.
Asimismo, esa contestación de años, que ha ido reforzándose, obligó a veces a los partidarios del régimen religioso a debatir el asunto internamente más de lo que hubieran deseado sus dirigentes. Entre éstos, los más extremistas afirman que la respuesta de las mujeres en la calle sólo puede tener su origen «en Satanás» y en « los enemigos de Irán».
Decían, y siguen diciendo también, que se debe «a la corrupción» de las costumbres. En realidad, para ellos se trata más bien de regular la sociedad de manera que puedan encubrir su propia corrupción: los múltiples negocios que benefician a distintos sectores próximos al régimen teocrático. Entre ellos, los llamados moderados han sido más conscientes del impacto, de la posible reacción social, del malestar profundo, que sintetiza y provoca la imposición del velo. Entre éstos, de modo menos tajante, no faltan quienes también culpan de lo que sucede a la contaminación cultural o a las intrigas extranjeras.
Según el mismo general Amir Alí Hajizadeh, que manda el cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Sepâh-e Pâsdârân-e Enghelâb-e Eslâmi, en persa, fuerzas armadas bis, creadas por el régimen), ya han muerto unas trescientas personas desde que empezaron las manifestaciones al grito de «Vida y libertad para las mujeres».
Según información de activistas por los derechos humanos en Irán, a los que la agencia Reuters cita por sus siglas en inglés (HRANA), han muerto ya casi 500 personas en las protestas y ha habido más de 18.000 detenciones. También habrían fallecido en los choques callejeros más de sesenta miembros de las fuerzas del orden.
Es dudoso que el retroceso anunciado hoy implique cambios decisivos inmediatos. El poder religioso y sus estructuras de poder asociadas no están dispuestos a ceder. Consideran la contestación actual predominantemente urbana e inducida por «los enemigos de Irán». Incluso algunos portavoces no oficiales subrsayan que no hay confirmación gubernamental de que los cambios anunciados sean ya un hecho.
Omid Memarian, periodista iraní exiliado, que conoce las torturas y celdas de aislamiento de su país por experiencia propia, ha escrito en Twitter: «No se pueden decretar sentencias a la pena capital, mantener a más quince mil personas en la cárcel por sus opiniones, robar cuerpos de las víctimas mortales, amenazar a sus familias, matar a más de 450 personas y –a la vez– proclamar que suspender la policía de la moral cambia las cosas. No es así».
El anuncio del fiscal Montazerí sólo trata –quizá– de desactivar el impulso de la movilización callejera. Una serie de protestas que va mucho más allá de lo que el régimen –e incluso la sociedad movilizada– podía pensar hace pocas semanas.
