La Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclama este 3 de mayo de 2023 la adopción urgente de un instrumento internacional verdaderamente vinculante, la Convención para la Protección y Seguridad de los Periodistas, que fortalezca la libertad de prensa al obligar a los gobiernos a investigar, condenar a los asesinos de periodistas y responder a los ataques a los medios de comunicación.
La FIP cree que la libertad de prensa ha retrocedido desde que, el 3 de mayo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y que en 2023 la libertad de expresión no es el motor de otros derechos humanos que debería ser.
Este día tiene como objetivo recordar a los gobiernos de todo el mundo que deben respetar sus compromisos con la libertad de prensa, y este año, la UNESCO promueve «dar forma a un futuro de derechos: la libertad de expresión como motor de todos los demás derechos humanos.»
Sin embargo, la FIP lamenta que la libertad de expresión esté lejos de servir como motor para otros derechos humanos y que la libertad de prensa esté dando un verdadero paso atrás.
«Desde Perú hasta Irán, desde Sudán hasta Afganistán, los gobiernos están tomando medidas drásticas para frenar la libertad de expresión y evitar el derecho del público a saber, incluyendo la restricción del acceso a Internet, golpear, encarcelar e intimidar a los periodistas, controlar el contenido de los medios e introducir duras leyes de medios y otras leyes destinadas a restringir el libre flujo de información. Desde la adopción de la Declaración de Windhoek en 1991, se han tomado muy pocas medidas para crear condiciones concretas a nivel internacional para garantizar la libertad y la seguridad de los periodistas», sostiene Dominique Pradalié, presidenta de la FIP.
Según la última lista de la FIP de trabajadores de los medios asesinados en el cumplimiento de su deber, 68 trabajadores de los medios fueron asesinados en 2022, y muy pocos de estos casos han sido objeto de una investigación, ya que la impunidad por los asesinatos de profesionales de los medios ha sido la regla a lo largo de los años.
La FIP también llama la atención sobre la continua represión de los medios, que ha llevado al encarcelamiento de un gran número de periodistas, con al menos 375 periodistas y profesionales de los medios encarcelados en 2022, año en el que China se ha convertido en la prisión más grande del mundo para periodistas.
Las guerras en curso y los disturbios civiles en países como Afganistán, Irán, Hong Kong, Birmania, Perú, Sudán, Ucrania y Yemen también han hecho que los periodistas sean atacados y asesinados deliberadamente. Trece periodistas han sido asesinados desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Miles de periodistas afganos y sus familias han tenido que abandonar el país por temor a ser asesinados.
La vigilancia digital y el uso generalizado de software espía se han utilizado en cientos de periodistas para silenciarlos, lo que también los pone en riesgo de que sus fuentes, ubicación y otros datos personales se divulguen públicamente.
Las leyes represivas y los Enjuiciamientos Estratégicos de Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) también se han utilizado ampliamente para restringir la libertad de expresión y obligar a los periodistas a autocensurarse en todo el mundo.
La fragilidad de la economía de los medios, el declive de la información local y la débil representación sindical han llevado a severos recortes en las salas de redacción, con despidos masivos y una mayor discriminación contra las categorías más vulnerables de periodistas.
La FIP lamenta que, a pesar de la buena voluntad expresada en las dos resoluciones de la ONU (1738 y 2222) sobre la protección de los periodistas en zonas de conflicto, no se ha conseguido un compromiso real para erradicar la violencia contra los profesionales de los medios, fortalecer su seguridad y hacer que los ataques contra ellos ilegal.
