Nos acercamos ya al 14 de julio, cuando se cumplirán los cien días de «apaciguamiento» deseados por el presidente-monarca Emmanuel Macron y su gobierno iliberal, cuando una nueva grave violación de la libertad de asociación y de expresión se acaba de producir en Francia.
Desde la aprobación por decreto de la ley de pensiones, sin voto del parlamento y contra la opinión mayoritaria del pueblo francés y de la intersindical al completo, no han cesado las protestas, huelgas por aumento de salarios, caceroladas contra Macron y sus fantasmagóricos ministros y diputados. Pero ahora asistimos a un nuevo paso en lo que los analistas y expertos jurídicos califican de «deriva iliberal».
El gobierno ha decidido «disolver« mediante un decreto este 21 de junio 2023, el movimiento ecologista «Les soulevements de la terre», y las detenciones arbitrarias se multiplican en círculos ecologistas, acusados de «ecoterrorismo». Desde un punto de vista jurídico este asunto resulta un poco kafkiano, pues querer disolver un movimiento horizontal en el que participan diversas asociaciones, es algo así como decidir la disolución del movimiento feminista del que se reclaman numerosas organizaciones. O bien querer disolver el pueblo francés porque no tiene la misma opinión que el jefe del Estado.
Pero más allá de este aspecto sobre el que deberá pronunciarse la justicia y probablemente el Consejo de Estado, esta pretendida «disolución» muestra una nueva y grave deriva autoritaria de Macron y su gobierno al atacar frontalmente la libertad de expresión y de manifestación de un movimiento ecologista que condena su política favorable a la agricultura masiva e industrial que representa aquí la FNSEA[1]. Se trata pues de una grave tentativa de intimidación y represión contra toda opinión ecologista que no acepte el dogma neoliberal.
El diario ecologista «Reporterre» ha publicado un extenso y documentado artículo en el que denuncia la intervención de los dirigentes de la FNSEA y del lobby agroalimentario para reclamar la disolución del citado movimiento ecologista.
La conclusión es evidente: el neoliberalismo de Macron aliado al lobby agroalimentario favorable a los pesticidas y otras prácticas antiecológicas, busca con métodos totalitarios prohibir la lucha del movimiento ecologista. Al movilizar la policía antiterrorista contra los ecologistas reincide en su violación de las libertades democráticas más elementales, de la misma manera que lo hace cuando envía la BAC (brigada anti criminalidad) para reprimir las manifestaciones sindicales y sociales.
El pretexto para justificar la «disolución», han sido los incidentes de Sainte Soline, con enfrentamientos entre policías y manifestantes a raíz de la desproporcionada represión policial contra militantes ecologistas radicales. Mas de cien mil personas pacificas han firmado el llamado solidario y se reclaman hoy como miembros de los «Soulevements de la terre».
La portavoz del Partido Socialista Clohé Ridel, acusa al gobierno de proceder a una «disolución ideológica y política, en su deriva autoritaria».
La diputada ecologista Sandrine Rousseau se declara conmocionada al ver que «por vez primera en Francia los militantes ecologistas son esposados como criminales y tratados como terroristas».
Como ha destacado Matilde Panot, diputada de Francia insumisa «el ecoterrorismo no existe y tan solo sirve para utilizar medios antiterroristas contra los militantes ecologistas».
El gobierno minoritario de Macron, sin mayoría en el parlamento, persiste en negar la existencia de contrapoderes democráticas a su presidencia: parlamento, organizaciones sindicales, ONGs, etc. Ahora ha dado un paso más en su «apaciguamiento» al declarar la guerra abierta al movimiento ecologista en Francia.
Manifestaciones de apoyo al movimiento ecologista «Les soulevements. De la terre» se han celebrado ya en más de cien ciudades de Francia. Una conferencia de prensa de todos los que se oponen a la disolución tuvo lugar ante las puertas del Consejo de Estado en Paris.
A las protestas de la oposición de izquierdas y del movimiento ecologista se han sumado las organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía internacional, Liga de derechos humanos LDH, Greenpeace, las ONG, Sindicato de abogados, así como otras organizaciones políticas y sindicales.
- FNSEA Federation National des Syndicats d’exploitants agricoles, principal organización de la industria agroalimentaria.
