Minoritario en el parlamento, Emmanuel Macron y su gobierno de «godillots[1]» sigue empeñado en negar la democracia parlamentaria y se prepara una vez más a aplicar el artículo 49,3 de la Constitución para aprobar sus proyectos de ley, refugiándose en su lectura antidemocrática de la ambigua constitución de la Quinta república.
En virtud del recurso al 49,3, el ejecutivo puede aprobar sus proyectos sin debate parlamentario. Solo un voto mayoritario de una moción de censura puede derrocar al gobierno. Sin embargo, la presencia de la extrema derecha neofascista en el parlamento constituye hoy el mejor seguro de vida de Macron y sus ministros.
La izquierda parlamentaria NUPES, aunque reforzada en las últimas elecciones legislativas y siendo la única fuerza de oposición en el parlamento, no tiene sin embargo fuerza numérica suficiente para hacer pasar su moción de censura.
La Francia de Macron se ha convertido así en un régimen iliberal, neologismo con el que se califica hoy en día el autoritarismo antidemocrático, que impide el normal funcionamiento de los contrapoderes en un Estado de derecho.
El poder personal del presidente es tal que los únicos ministros o exministros un poco conocidos de su gobierno son los que arrastran «cacerolas» jurídicas.
El más sobresaliente es el caso del ministro de justicia Eric Dupont Moretti, inculpado por «prise ilegal d’interets» (toma ilegal de intereses), quien deberá ser juzgado por la CJR Corte de Justicia de la Republica, instancia eminentemente política creada en 1993, con autoridad para juzgar a los miembros del gobierno. El proceso debe celebrarse del 6 al 17 de noviembre próximo (2023).
El titular de justicia en ejercicio, aun inculpado, no ha dimitido, contrariamente a lo que era una tradición republicana en este país. Sin negar la presunción de inocencia, todo responsable político inculpado presentaba su dimisión en espera del veredicto final. Con Macron hemos entrado en el reino de la más absoluta impunidad y de la negación de ese principio republicano.
Mientras que el poder presidencial protege la impunidad de sus ministros procesados y se sustenta una policía nacional gangrenada por la ideología neofascista y xenófoba, la fractura social que advertía Jacques Chirac hace muchos años es hoy en Francia una realidad grave y profunda que desembocará inevitablemente en explosión social.
En todos los movimientos populares que se han desarrollado en Francia en los últimos diez años (desde Nuit debout, la movilización contra la «ley trabajo», los «gilets jaunes», la protesta masiva contra la reforma de las pensiones, las caceroladas contra Macron y sus ministros, la movilización ecologista contra la tentativa de prohibir el movimiento «les soulevements de la terre», o las manifestaciones populares contra la impunidad de la brutal violencia policial, ha surgido siempre como un denominador común la demanda de democracia, de respeto de los derechos humanos y de los cuerpos intermediarios, así como una demanda de justicia social, económica y fiscal.
Aunque desbordadas a menudo por sus propias bases en las empresas, la timidez reivindicativa de las direcciones sindicales no ha permitido sin embargo hasta ahora la deseada convergencia de todas las reivindicaciones acumuladas en los siete años de anuncios y falsas promesas que Macron lleva ya en el poder.
Abucheado recientemente en la inauguración de la copa mundial de rugby, la popularidad de Macron está por los suelos, pero su ceguera ultraliberal solo se preocupa de destruir al máximo las conquistas sociales logradas en este país desde 1945, gracias al Consejo Nacional de la resistencia frente a una clase patronal que había colaborado con el invasor nazi.
Con el apoyo hoy de la ultraderecha, el programa antisocial y antiecológico de Macron consiste en destruir los servicios públicos y las conquistas sociales, a sabiendas que su radicalismo reaccionario se encuentra en un atolladero y conducirá inevitablemente a un duelo electoral entre la izquierda y una extrema derecha cuyas posiciones se confunden hoy con las de la derecha tradicional.
Este mes de octubre de 2023 se cumplen ya 65 años del nacimiento de esta malograda quinta república (5 de octubre de 1958), que como hemos destacado en numerosas ocasiones, siempre ha dejado la puerta abierta al golpe de estado permanente del presidente contra la representación parlamentaria.
Macron y su bonapartismo de opereta es el símbolo más evidente del ocaso de esta constitución republicana que se ve hoy reducida al poder personal autoritario y antidemocrático del jefe del Estado.
El paso a una sexta republica parlamentaria aparece pues como una necesidad urgente y como la única alternativa al neofascismo que amenaza en Francia y en Europa.
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